ARMHA integrante de CEAQUA.
Nos hemos reunido con el intergrupo de justicia y memoria del Congreso de los Diputados para exigir justicia e impulsar la modificación de las leyes que están negando la justicia a las víctimas de los crímenes del franquismo y manteniendo más de 40 años un sistema de impunidad.
Hemos conseguido el apoyo de casi 150 asociaciones y colectivos de la sociedad civil en nuestra demanda de Justicia
Pero la mejor forma de conseguir que en el Parlamento sean escuchadas nuestras peticiones es que la Sociedad, de forma masiva, así se lo demande.
Para ello se ha abierto una web donde puedes firmar para apoyarnos en esta lucha en la que:
Pedimos a todos los grupos parlamentarios que impulsen y aprueben las
incitativas legislativas necesarias para garantizar definitivamente el derecho a la tutela judicial efectiva de todas aquellas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición, entre otras:
Modificar, derogar o anular la Ley Amnistía.
Modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro derecho interno el principio de legalidad internacional (contenido entre otros en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Impulsar la ratificación del Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad que el Estado español no tiene ratificado.
Modificar la Ley de Enjuiciamiento criminal para que las resoluciones judiciales firmes de inadmisión a trámite de las querellas presentadas hasta la fecha puedan ser revisadas.
Modificar la Ley de Tratados internacionales para que haya un mecanismo concreto de reconocimiento y ejecución de los Dictámenes de los órganos de Tratado de las Naciones Unidas.
Para avanzar en una auténtica política de reconciliación donde al sociedad recupere la confianza en el Estado y sus instituciones, es necesario implementar medidas efectivas que reconozcan, de una vez por todas, el derecho a la Justicia que conlleva la investigación penal de los
crímenes, el enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades y la reparación integral que merecen sus víctimas