Al tiempo, tomó matrícula en la Facultad de Derecho en 1883-1884, cursando la carrera en distintos momentos mediante estudios privados. Obtuvo el aprobado final en enero de 1888, tras superar un último examen práctico.

El Diario de Huesca, periódico local fundado en 1875, se hará eco de las vicisitudes personales y profesionales de José Vallés a lo largo de su trayectoria hasta la desaparición de la publicación a finales de 1936. Decenas de noticias dan cuenta ya de los avatares del joven estudiante, antes incluso de su licenciatura como abogado, dado que, al parecer, colaboró como redactor en distintos períodos, al menos desde 1887.

La redacción de El Diario de Huesca, incluido José Vallés, celebra «entusiasmada» el parlamento pronunciado en Las Cortes por Emilio Castelar el 7 de febrero de 1888, en el que desde el republicanismo aboga por democratizar la monarquía, posición política, no obstante, vista de forma desigual por la prensa madrileña. Este mismo año de 1888 es nombrado bibliotecario del Casino La Peña y secretario del Comité Republicano Gubernamental Histórico de Huesca, adscrito al Partido Republicano Posibilista de Castelar, al que también pertenecía el fundador y director del periódico, Manuel Camo Nogués, con quien establecerá una gran amistad.

En 1893 y hasta su partida al destino de ultramar el año siguiente, ejercerá como juez suplente en Huesca. El 14 de junio de 1894 se casa con la oscense María de la Consolación Martínez Abadías, quien lo acompañará en su destino de Filipinas. Del matrimonio nacerán seis hijos: María de la Consolación, Josefa, María Cruz, Mercedes, María Teresa y Rafael, el único varón, que morirá en octubre de 1905 a los 3 años. Consolación Martínez fallecerá con 41 años el 11 de abril de 1914.

Durante sus destinos en Huesca José Vallés hubo de asumir el cargo de gobernador civil interino en varias ocasiones, así en enero de 1920 como presidente de la Audiencia, cuando tuvo lugar el intento revolucionario del cuartel del Carmen en Zaragoza, en el que murieron dos militares y el caracterizado sindicalista de la CNT Ángel Chueca. También en 1922 y 1923 en sustitución del titular Francisco Mansilla Mansilla. Asimismo, participó como máxima autoridad política de la provincia en la histórica asamblea y manifestación que tuvo lugar en Tardienta el 27 de mayo de 1923 con el fin de reclamar el canal de riego para Los Monegros. Entre 1894 y 1900 ocupó distintos destinos en Manila y a su regreso pasó por los juzgados de Boltaña, Tamarite, Cervera, Ciudad Real, Lérida, Albacete, presidente de la Audiencia Provincial de Huesca, Orense, La Coruña…El 30 de mayo de 1931 ascenderá a teniente fiscal del Tribunal Supremo.

Mundo Obrero. Órgano central del Partido Comunista, recoge en su edición de 31 de agosto de 1936 el nombramiento de José Vallés como fiscal general de la República.

José Vallés fue nombrado fiscal general de la República el 26 de agosto de 1936, poco después de un mes de iniciada la guerra española de 1936-1939. Se trasladó a Valencia, donde el Gobierno estableció su nueva sede oficial en noviembre del mismo año, cesando voluntariamente en el cargo el 10 de diciembre para ser nombrado inspector fiscal. El 8 de septiembre de 1937, jubilado, se exilió en Francia, en Oloron primero y después en la ciudad de Bayona. Regresó a España por la frontera de Irún, con autorización de la Dirección General de Seguridad y conocimiento del subsecretario del Ministerio de la Gobernación, el 3 de diciembre de 1940, afincándose en San Sebastián. El auditor de guerra franquista ordena su detención el 17 de marzo de 1942, tres días más tarde es trasladado a Madrid y presentado ante el juez militar

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La Voz, publica en portada el nombramiento de José Vallés, 28 de agosto de 1936.

Se inicia un procedimiento sumarísimo ordinario el 20 de marzo de 1942. Vallés ingresa en la prisión provincial de Madrid, cárcel de Porlier, y queda clasificado en el grupo de presos «desafectos o peligrosos», dada su elevada posición política como fiscal general de la República que fue. El mismo auto considera que su responsabilidad penal es incluso superior a la correspondiente al delito de auxilio a la rebelión por lo que «se declara la peligrosidad del encartado».

En el expediente que contiene el sumarísimo se incorpora como primer documento de cargo un oficio que el inspector fiscal de la Causa General envía al auditor de guerra señalando los párrafos más relevantes de un extenso documento acusatorio firmado por el fiscal general José Vallés, contra el exministro de la Gobernación, expresidente de la Diputación provincial y exalcalde de Madrid Rafael Salazar Alonso, de 40 años, abogado y masón. Salazar, uno de los políticos más odiados por los partidos de la izquierda española, fue detenido en Madrid el 1 de septiembre de 1936 por milicianos anarquistas, tras haber permanecido escondido en distintos domicilios desde el 18 de julio. Vallés, ejerció la acusación en el juicio con Tribunal Especial instruido el 19 del mismo mes a Salazar Alonso, quien, condenado a muerte, será fusilado en la prisión donde se celebró la vista, la cárcel Modelo, el día 23 de septiembre.

Expediente del Juzgado Militar. Consejo de guerra.

«Contra la revolución –aseguraba Salazar en uno de sus escritos– luché en el Ayuntamiento, en el Parlamento. Contra la revolución actué en el Ministerio de la Gobernación, desarticulando un movimiento serio e inteligentemente preparado. Contra la revolución he seguido actuando día por día». Y concluía en una carta a su amigo Gil Robles: «Contra el Frente Popular, cuyos peligros en orden internacional no se le ocultan, hay que alzar el Frente Nacional».

El 20 de marzo de 1942, Vallés presta declaración indagatoria en Madrid ante el juez militar y admite que intervino como fiscal en el juicio sumarísimo instruido a Rafael Salazar. También asume que redactó en su momento una circular con instrucciones para los funcionarios del Ministerio Fiscal con respeto a la política penal a seguir iniciada la guerra, esto es, la llamada «justicia popular» instaurada a partir del 23 de agosto de 1936. «La República –escribió– es un régimen de justicia y la Justicia emana del pueblo. En este principio fundamental debe inspirarse la Administración de Justicia y si hoy el pueblo lo defiende con su sangre generosa, si ese pueblo noble y grande está dando su vida por un régimen de libertad y de justicia, démosle la justicia que él quiere le sea dada, con el ritmo y tono que nos marca».

El 22 de mayo de 1942, a pesar del auto de peligrosidad firmado por el coronel Juan Pruna, atendiendo a su avanzada edad, 75 años, y delicado estado de salud certificado por el médico de la prisión, será puesto en situación de prisión atenuada en su domicilio, bajo control de la Dirección General de Seguridad y a disposición del capitán general de la Primera Región Militar hasta el 2 de octubre de 1943, cuando se inicia el trámite de la libertad condicional.

Oficio «secreto» fechado en Salamanca el 3 de marzo de 1943, por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo en relación con la filiación de José Vallés.

Adhesión a la rebelión militar: pena de muerte

Los años 1942 y 1943 constituyen un auténtico calvario legal y personal para el exfiscal de la República. La instrucción del sumarísimo, la Causa General y el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo persiguen a José Vallés y acentúan sus problemas de salud, amén de obligarle a numerosas comparecencias judiciales y a la redacción de extensos pliegos de descargo, búsqueda de avales, testigos que declaren a su favor y permanente situación de incertidumbre acerca de un futuro agravado por su avanzada edad y la privación de libertad.

El 1 de julio de 1943, será nuevamente detenido e ingresado en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, a pesar de encontrarse enfermo, permanecerá en esta situación carcelaria al menos hasta octubre del mismo año.

El Estado Mayor de la Capitanía de la 1ª Región Militar señala el 6 de agosto de 1943 a las 9:30 h en el palacio de justicia, como fecha y lugar de celebración del consejo de guerra.

Las conclusiones provisionales del fiscal jurídico ponen de relieve que el teniente fiscal del Tribunal Supremo José Vallés, luego fiscal general, «de significación izquierdista», tras «el advenimiento de la revolución roja», es decir el golpe de Estado de 18 de julio, «se puso incondicionalmente desde su cargo al servicio de la horda roja». Acusado de adhesión a la rebelión militar solicita la pena de muerte. Actuará como defensor el teniente Joaquín Ruiz-Giménez, adscrito al Regimiento de Transmisiones de El Pardo, falangista, oficial del cuerpo de Ingenieros en Transmisiones que desarrollará en años posteriores una larga e intensa carrera docente, política, social y periodística, evolucionando a posiciones críticas con el franquismo desde planteamientos católicos. Cabe señalar, en cualquier caso, que al expediente del procedimiento sumarísimo en cuestión no se ha incorporado ningún documento relacionado con la defensa, ni siquiera las conclusiones provisionales del teniente Ruiz-Jiménez.

El fiscal ratifica su solicitud de pena de muerte por un delito de adhesión a la rebelión mientras el defensor califica los hechos como constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión, por lo que reclama una pena de prisión de doce años y un día.

La sentencia, dictada en la misma fecha de la vista, 6 de agosto, recoge las tesis de la fiscalía y aunque admite la incorporación al sumario de testimonios favorables al encartado deja sentado un considerando fundamental para condenarlo por un delito de rebelión militar, lo que se ha venido en denominar historiográficamente «la justicia al revés», esto es, se invierte el sentido jurídico y se acusa como «rebeldes» a quienes tras el golpe de Estado han permanecido fieles al Gobierno legítimo de la República. Vallés será condenado a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor. El Auditor general aprueba la sentencia pero la rebaja a dieciséis años de reclusión menor.

El capitán general de la 1ª Región Militar firmó la conformidad con el dictamen del auditor el 25 de agosto de 1943.

Sin que conste la justificación en el sumario, el 2 de octubre de 1943 obtiene la libertad condicional sin destierro, certificada el 5 de noviembre, no sin antes haber sido investigada de nuevo su conducta privada, social y religiosa, por la policía que, incluso, requirió testimonio del responsable de la portería de su vivienda así como del «jefe de casa», informante policial que controla la vecindad.

El exfiscal general de la República, no obstante, antes de encontrar la paz habrá de sortear también las acusaciones de masón

Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo

Cuando José Vallés Fortuño se enteró «por verdadera coincidencia», asegura, de que su nombre y apellidos aparecían en una relación de requisitorias publicada en el Boletín Oficial del Estado, a fin de que compareciera ante el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo n.º 1 de Madrid, se apresuró a redactar un escrito exculpatorio dirigido al coronel jefe del Juzgado Militar n.º 14 negando cualquier relación con la masonería y con la ciudad de Barcelona, donde se supone que residía el interpelado Vallés.

El juez militar se dirigió al presidente del Tribunal de Represión de la Masonería n.º 2 de Barcelona, «facilitándole los datos filiatorios del procesado» para determinar si se trataba de la misma persona. Esta circunstancia, la coincidencia del nombre y como más tarde se constatará primer apellido del exjuez, con el de una persona afincada en su día en Barcelona, constituirá un enorme y grave problema para Vallés Fortuño, máxime al conocer que con fecha 8 de octubre de 1942 el señalado Juzgado n.º 2 para la Represión de la Masonería y el Comunismo ya había incoado el sumario 1270-42 contra José Vallés Fortuño por antecedentes masónicos.

Los Servicios Especiales para la Recuperación de Documentos con sede en Salamanca, habían remitido el 16 de junio de 1942 al presidente del Tribunal para la Represión un documento masónico intervenido en Barcelona en el que se citaba a un tal José Vallés: «En cuadro de Luces y Dignidades de fecha 17 de diciembre de 1932 de la Logia DEMOCRACIA de Barcelona, figura con el cargo de Guarda Templo Exterior, José Vallés, sin segundo apellido».

A partir de este momento se producirá una intensa correspondencia y remisión de oficios diversos entre la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos y el juez instructor del Juzgado n.º 2 del Tribunal Especial, con el fin de determinar si el José Vallés masón afincado en Barcelona era la misma persona que el exfiscal de la República. Se movilizará la Dirección General de Seguridad, igualmente la Brigada Político-Social de la Comisaría General de Barcelona y el aparato punitivo estatal a fin de culpar indubitadamente a Vallés Fortuño.

El 1 de julio de 1943, el día en que José Vallés es detenido para ingresar en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en espera del consejo de guerra masónico, se reúne en Madrid el Tribunal Especial presidido por el general Andrés Saliquet para fallar la causa seguida al exfiscal. En el acto de la vista, la fiscalía, ante la reiteración de inocencia del acusado, solicita la suspensión «para ampliación de datos», lo que finalmente llevará a al sobreseimiento provisional de la causa. El auto de archivo se acordó el 14 de abril de 1944 y fue comunicado al presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, al director general de Seguridad y al jefe provincial de FET y de las JONS de Madrid el 29 de noviembre del mismo año de 1944.

José Vallés solicitó autorización para su traslado como residencia definitiva al domicilio familiar de Huesca, en la calle Berenguer n.º 8, lo que será autorizado en agosto por la Junta Provincial del Servicio de Libertad Vigilada de Huesca, tras obtener los informes favorables de la comisaría, Guardia Civil y Falange.

Poco tiempo disfrutó de la nueva situación en su ciudad natal, murió el 1 de febrero de 1945, con 77 años, a consecuencia de «miocarditis y esclerosis cardiorenal», de acuerdo con el acta de defunción.

Los restos del que fuera fiscal general de la República reposan en la denominada parte antigua derecha del cementerio de Huesca, nicho n.º 233, muy próximo al de su esposa María de la Consolación Martínez Abadías, con la que apenas pudo convivir 20 años dada la muerte temprana de la misma.

Esquela de José Vallés. Nueva España, 2 de febrero de 1945

Es de señalar que el nicho en el que reposa José Vallés es vecino del que ocupa su coetáneo Manuel Bescós Almudévar (Huesca, 1866–1928), escritor, periodista y republicano que firmó su obra como Silvio Kossti. La lápida de Kossti, que presenta un relieve en bronce de su cabeza vista de perfil, fue diseñada por el artista anarcosindicalista Ramón Acín, fusilado extrajudicialmente el 6 de agosto de 1936.

Victor Pardo Lancina

Artículo publicado en la revista aragones de opinión AZOFRA