Allá por la lejana mitad de la década del 2000, nos reunimos en Zaragoza un grupo reducido de personas que consideramos injusto e inexplicable que, tras tantos años de asentamiento de la democracia en nuestro país, la situación de las víctimas del franquismo siguiera aparcada en un total vacío legal e institucional.
Había existido en nuestro país un ilegal golpe de Estado que derrumbó la naciente democracia española en los años 30. Este acto vino acompañado de una represión brutal que se cebó en miles de personas que fueron asesinadas y represaliadas por sus ideas políticas.
La subsiguiente guerra y el exilio qué provocó la pérdida de ésta por la República estuvo siempre acompañado de terribles pruebas para los defensores de la democracia española: encarcelamientos, torturas, vejaciones, fusilamientos, expropiaciones, trabajos forzados, perdidas de libertades e identidad incluso (en el caso de los bebés robados), continuarían hasta el fin del franquismo a mediados de los años 70.
Si hubiera sido ingenuo, dada la naturaleza más bien institucional de la transición, hubiera creído posible exigir que se revisara el catálogo de atentados contra los derechos humanos producidos por la dictadura en ese momento.
Pero recordemos ahora el golpe de estado de 1981 que no carecía, `precisamente, de listas de fusilables.
No parecía pues posible en ese momento que esa acción fundamental para asentar la democracia y la convivencia en nuestro país se llevara a cabo.
Lo que no es tampoco comprensible es que esas políticas de la memoria siguieran sin aplicarse en los años finales del siglo XX.
Las políticas institucionales sobre memoria histórica han sido inexistentes, al menos en el terreno de lo orgánico, qué es el marco que hubiera sido necesario dada la magnitud del problema.
No menos importante para implementar las consecuencias negativas de estas inacciones fue la nueva división territorial de España que favorecía que el tratamiento de los asuntos memorialistas se tratara de forma diferente en cada autonomía.
Asimismo, muchos partidos políticos, incluso de la izquierda estatalista moderada, o directamente negaban la utilidad de las políticas de memoria o bien realizaban actos encaminados a apaciguar a las asociaciones, siempre muy lejos de la aplicación de esas necesarias políticas institucionales de memoria.
Entretanto el juez Garzón, el 30 de octubre de 2008, se declaró competente para juzgar los crímenes del franquismo. Muchas asociaciones memorialistas nos personamos en la demanda, aportamos datos, nombres, fechas, ubicaciones de fosas, testimonios… todo lo que el Estado no se había molestado en investigar.
Ésta acción judicial, que llenó de esperanza a las atribuladas víctimas, produjo un auto en el que Franco y treinta y cuatro de sus adláteres aparecen, por fin y en documentación oficial, como reos de delitos de lesa humanidad.
Inexplicablemente, Manos Limpias, es decir la extrema derecha, y jueces y fiscales aparentemente progresistas, se confabularon para apartar del caso a Garzón y dar por zanjado el asunto en base a la ley de amnistía de 1977. Ésta ley, cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos, ha hecho que España sea conminada a modificarla o derogarla para permitir el derecho a la justicia de las víctimas del franquismo, hecho este que, increíblemente, sigue siendo imposible en nuestro país cuarenta y seis años después de la muerte del dictador. Esto solo es posible por la connivencia de la izquierda gubernamental con las fuerzas de la derecha que siguen también prisioneras de su pasado.
La Ley Zapatero de 2007 demostró que no era útil para nadie, su ecumenismo no satisfacía ni a quienes la reclamaban más valiente y útil ni a quienes siempre la iban a denostar; la prueba más clara, su existencia no sirvió para que un juez español pudiera siquiera investigar las violaciones de los derechos humanos del franquismo.
En Aragón, las políticas memorialistas institucionalizadas tampoco existirían más allá del tímido, aunque siempre reseñable, memorial a las víctimas hecho por el consistorio dirigido por Saínz de Varanda durante la transición.
Poco o nada más se haría hasta la creación del programa » Amarga Memoria» del Gobierno de Aragón en 2004. Dicho programa, que no departamento, era la respuesta gubernamental a las exigencias, cada vez más importantes, de la sociedad, en materia de lo que ya se conocía universalmente con el controvertido nombre de «Memoria Histórica».
Lo cierto es que, a pesar de la buena voluntad de quienes lo llevaron adelante, el proyecto no se institucionalizó y terminaría con la llegada al ejecutivo aragonés de las fuerzas de la derecha, no habiendo financiado las exhumaciones (que seguían solo apoyándose desde el gobierno central) y volcándose únicamente en el apoyo a los estudios, libros y homenajes que durante los años de su existencia se irían apoyando.
Se conseguiría, entretanto, la inauguración de un magnífico memorial (de los mejores de España) en el cementerio de Torrero en 2010, cumpliendo con un acuerdo conseguido por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2009.
La investigación que sirvió de base para la elaboración de las placas que recuerdan a los ciudadanos y ciudadanas asesinados en Zaragoza se realizaría por parte de Julián Casanova y su equipo. Inicialmente fueron 3.543 personas las allí recordadas.
Curiosamente, ARMHA, la asociación que propició la idea del memorial a través del grupo municipal de Chunta, y que defendió su creación ante el Pleno, ni siquiera fue invitada a la inauguración, una muestra más de como las asociaciones vienen siendo fagocitadas, cuando no hacen falta para la fotografía de turno.
Hubimos de esperar a la llegada de otros inquilinos al Ayuntamiento para conseguir apoyo para intentos ya consolidados como las jornadas de la Imagen de la Memoria, plataforma que ayuda a la visualización de multitud de trabajos de variadas disciplinas, referentes en la memoria histórica.
La concesión de una sede, cuestión que vino siendo aprobada en varias resoluciones de plenos tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como la Diputación Provincial, aun tardaría algo más pero se hizo realidad al menos para las asociaciones radicadas en la ciudad.
A pesar de su carácter cultural, los actos memorialistas, con la llegada de fuerzas políticas insensibles o contrarias al memorialismo, han quedado siempre sin ayudas económicas.
La relación de las asociaciones memorialistas con la administración ha sido siempre como mínimo trabada cuando no tormentosa.
La llegada de la Ley de Memoria Democrática aragonesa en 2018, estuvo acompañada de una falta del más mínimo apoyo económico tanto para la ley como para las subvenciones de ese mismo año, esos 200 mil mínimos euros con los que dota la administración autonómica las actuaciones memorialistas y que desaparecieron inexplicablemente e ilegalmente, dada la situación de prórroga presupuestaria.
Lo peor es que de esta ley no se han constituido, dos años después de su aprobación, ni los organismos contemplados para su desarrollo.
Una nota de prensa, en la que se denunciaban las dificultades extremas por causas atribuibles a la administración, para una exhumación de una fosa ya aprobada, hicieron patente que las críticas no gustan a las instituciones, desde la alta jefatura hasta las Direcciones Generales pasando por las consejerías; ya ni para las fotos avisaban a los memorialistas, y se hacían los actos a sus espaldas y sin contar con ellos durante bastante tiempo.
Algunos gestos de cooperación se han visto empañados por actitudes que solo pueden ser calificadas de vengativas por parte de las instituciones que una vez más asumen iniciativas de asociaciones memorialistas como si hubieran sido ideas suyas y, después, como admitiendo la falta, ni siquiera nos invitan a ellas.
Estamos ya en 2021, y nuestras reivindicaciones en materia de la nueva reglamentación del procedimiento de otorgación de subvenciones, presentadas hace ya más de un año, siguen sin respuesta.
La ley, aprobada hace dos años, sigue sin desarrollar siquiera los órganos de control de los que deberían formar parte las asociaciones memorialistas. Ni sabemos en qué punto están las actuaciones al respecto.
Los locales prometidos también siguen a la espera de una exigua financiación y sin fechas comunicadas.
Esto en cuanto al Gobierno de Aragón que es bastante afín al memorialismo y que ha mostrado sensibilidad y colaboración en bastantes actos puntuales.
El Ayuntamiento no quiere cambiar las calles que han de modificar su nombre en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática.
Recientemente el monumento a los aragoneses confinados en campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial fue vandalizado, creándose una polémica absurda que demuestra lo poco proclive que este ayuntamiento es a las cuestiones de la Memoria Democrática.
El proyecto de la Imagen de la Memoria, que mostró ser de un gran interés cultural y que fue apoyado desde el principio por el ayuntamiento y turismo de Aragón, no ha conseguido en esta tercera edición, coincidente con el nuevo consistorio, ni siquiera una respuesta a la petición de colaboración.
Afortunadamente, y ya que analizamos las actitudes institucionales frente al fenómeno memorialistico, hemos de constatar aquí que las diputaciones provinciales de Huesca y Zaragoza, siempre suelen apoyar muchos de los proyectos tanto culturales como exhumacionistas con ayudas, si no muy generosas, si bastante regulares.
Resultan incomprensibles, sin embargo, actitudes como las del Ayuntamiento de Huesca, teóricamente regido por alguien que, por su militancia, debería tener una actitud colaborativa con las acciones memorialistas, resistiéndose a aplicar la flamante ley aprobada por su propio partido manteniendo calles y placas franquistas. Tampoco se entiende la comprensión ante ésta actitud por parte de la Dirección General del ramo, lo que nos da una idea de las resistencias y obstáculos que presenta la aplicación de una ley incluso por parte de quienes la propiciaron.
Una resistencia absurda ante cuestiones que no soportan un mínimo análisis, por parte de las instituciones.
Todas estas actitudes, reacciones e incumplimientos hacen que hoy la lucha de las asociaciones memorialistas sea tan necesaria como lo ha sido siempre.
Las instituciones deberían entender que abordar verdaderas políticas de memoria histórica es algo fundamental para asentar una convivencia perdurable en nuestra democracia.
Tapar los crímenes del franquismo, mirar para otro lado, da alas al fascismo que hoy vuelve con fuerza y que consigue engañar a una sociedad que nunca ha sido educada en el conocimiento de su pasado más reciente.
Esto es algo muy serio y de mucha trascendencia.
Por desgracia, en general, no se acuerdan del memorialismo más que cuando hay alguna elección o algún acto llamativo.
Nosotros no estamos aquí para hacernos fotos ni para hacer la ola a ningún gobierno; está muy bien esa cooperación y nunca nos negamos a ella, pero el compromiso serio con éstas reivindicaciones, que, insistimos, creemos básicas para una convivencia democrática fructífera, es otra cosa y ahí siempre nos encontraremos.
Entretanto, seguiremos teniendo que revindicar y proclamar que, desgraciadamente, la historia del memorialismo en su relación con las instituciones, ha sido una historia de carencias y desencuentros con pequeños momentos de colaboración que también queremos destacar aquí.
Mientras leyes como la de Amnistía del 77 sigan vigentes, se siga sin condenar el Franquismo en sede parlamentaria por parte de todos los grupos democráticos, mientras no se estudie a fondo la represión y la vulneración de los derechos humanos durante el franquismo por parte del Estado, mientras no se den respuestas positivas a las familias de los represaliados y enterrados en fosas comunes, mientras no se eduque a la ciudadanía en el conocimiento de su pasado violento reciente, las Asociaciones Memorialistas seguiremos en la brecha reivindicando unas acciones que nos proporcionen
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición.
Enrique Gómez