Este año ya no hay presupuesto municipal para la Memoria Histórica, ni siquiera se han molestado en responder a nuestra consulta sobre su participación este año en las jornadas de la Imagen de la Memoria qué tanta aceptación ciudadana han tenido.

Las últimas calles a modificar su nombre en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, algo que de tener un espíritu realmente democrático y antifascista nuestra derecha no haría ni falta exigir, siguen presentando su mismo aspecto, como en el caso de la calle Gonzalo Calamita que rigió  la Universidad de Zaragoza durante la época de la depuración de los desafectos al Régimen, llevando a cabo esta labor con gran eficacia y entusiasmo.

Las resoluciones judiciales sobre Caspe, Madrid, Oviedo y otros muchos sitios en cuestiones de cambios en el callejero y los vestigios franquistas están dando la razón a la ultraderecha y contraviniendo las leyes de Memoria Histórica estatales y autonómicas. A gran parte de nuestro poder judicial parece que le da igual lo que diga la ley.

Los monumentos a las víctimas son atacados, con mensajes de odio, y los ayuntamientos, que tienen en muchos casos la titularidad de los mismos, ni se molestan en repararlos.

Políticos que dicen que «se fusiló por amor» o que las Trece Rosas eran «torturadoras y violadoras”, justificando su asesinato, no son procesados por ofensas e injurias ni por incitación al odio, en un país que encierra con facilidad a actores y titiriteros que denuncian este estado de cosas.

¿Por qué tienen miedo y odio a la Memoria Histórica?

Porque, a pesar de sus panfletos pseudohistóricos, lo cierto es que el ejército español y las milicias fascistas y ultra reaccionarías, apoyadas por el mundo de la empresa y la iglesia, junto a los monárquicos, se levantaron en armas contra un régimen legalmente constituido.

Ellos, que hablan pestes del «golpe de Estado» en Cataluña y quieren ver pudrirse en la cárcel a sus protagonistas, se olvidan que el de 1936 fue cruento, armado y provocó una guerra, ¿qué habría que haber hecho con esos golpistas?

En los primeros días ya se asesinó a mucha más gente que los muertos que produjo la violencia política durante toda la República, y no olvidemos que gran parte de las algaradas callejeras y las muertes de esa época se debieron a las bandas patronales y fascistas.

Los crímenes llevados a cabo en ese conflicto, por parte de los ilegítimos golpistas, lo fueron por personal militar y de seguridad, la mayor parte sin formación de proceso alguno, con torturas y por motivos de militancia o simpatías políticas.

Los primeros meses, sin ni siquiera dejar constancia de ello, ocultando los asesinatos deliberadamente, querían que se supiera que estaban matando para sembrar el terror y la desmoralización, pero a la vez querían ocultarlos por lo que pudiera pasar.

Los «juicios» se produjeron después, y cuyas sentencias siguen vigentes, no merecen ni de  lejos un nombre tan digno.

No hubo «Ángeles Azules» pero si alguno «rojo».

El gobierno legítimo de la República aspiró siempre a controlar la violencia, no hacerlo, significaba perder esa legitimidad y hay pruebas suficientes de estos intentos.

No se pueden comparar, por tanto, la actitud ante los crímenes de unos y de otros.

Tampoco se pueden hacer paralelismos entre crímenes, pues los de los sublevados fueron de lesa humanidad, hechos por fuerzas militares de orden público y habilitadas.

Y fueron también genocidas pues se ejercieron sobre un grupo social, por su posicionamiento político; los realizados por particulares y bandas terroristas, no son jurídicamente comparables.

Sin embargo, unas víctimas están amparadas por el Estado, lo que es una necesidad social por Justicia y Dignidad, pero, por esto mismo, esas otras víctimas con el advenimiento de la Democracia deberían haber tenido ese mismo tratamiento.

La Memoria Histórica, por tanto,  les recuerda cosas que prefieren olvidar.

Les saca a la luz las vergüenzas de un Régimen totalitario que se basó en la represión desde el primer día de su existencia hasta el último.

Les recuerda sus fechorías.

Tenían miedo a una posible depuración; a la exigencia de responsabilidades; a que se rompiera su impunidad; a que se cuestionara quién seguía mandando en este país; a qué se cuestionara  el régimen político, la monarquía escogida por el dictador para España tras un muerte; a que se exigieran indemnizaciones por el trabajo esclavo; a que se devolviera la identidad a tantos niños robados, práctica sólo posible en un país que no era tal, era un cortijo de los poderosos; a qué se desenterraran los muertos y se vieran los miles y miles de asesinados por los «liberadores de la patria»; a que se les exigiera la devolución de los bienes robados; etc., etc.

El catálogo de barbaridades impunes nos llevaría a escribir un largo y triste libro. Esa Comisión de la Verdad que la ciudadanía tuvo que suplir con su trabajo particular ante la dejación de las autoridades democráticas.

Mientras no se comprenda que no es equiparable un individuo que tortura con otro que lo fue solo por ejercer derechos democráticos, que a uno se le deje en la indigencia jurídica Y AL OTRO SE LE MANTENGA AGASAJADO E IMPUNE, que se tengan que ver por la calle víctima y verdugo y este último se mofe del primero, ante la indiferencia oficial, no sabremos el verdadero significado de un sistema realmente democrático, seguiremos siendo una democracia fallida, un sistema con pies de barro.

Y no quieren verlo, mientras eso siga pasando, nosotros seguiremos luchando por la dignidad de las víctimas que lucharon por la Democracia,

Lograr nuestras aspiraciones para ellas, será la pelea por la consolidación de una verdadera democracia en nuestro país, porque es la misma lucha.

Enrique Gómez

Presidente de ARMHA