Me sorprende que con las resignificaciones de las calles zaragozanas, que según la ley deberían ver retiradas sus actuales denominaciones, se vulneren los mismos argumentos que el autor de los textos de las nuevas placas usaba para pedir el mantenimiento de las mismas en su propio «informe», quizás es que las críticas que se le hicieron por alentar la ignorancia de los ciudadanos al respecto de a quienes hacían referencia los nombres de estas calles, instigó su personalidad de afamado profesor y le hizo rectificar su afirmación inicial, porque ahora sí que no se podrá decir que nadie conoce el motivo por el que estas calles fueron así nombradas.
El texto de las placas resignificadoras es tan pueril que no debería ni ofendernos, o quizás sí, porque la democracia cierra el círculo de la vergüenza, con argumentos tan «válidos» como siempre y, desde el ecumenismo, sigue negando la verdad. Con el café para todos escupe sobre las víctimas de los sublevados del 36 y de paso, algo que deberíamos considerar mucho más grave, no cumple la ley vigente.
Pero, ¿a quién puede sorprender esta situación?, las resignificaciones han sido alentadas desde el Gobierno de Aragón, que incumple su propia ley, dejando sin efecto la parte sancionadora de la misma, no asigna presupuesto para uno de sus ordenamientos más cacareados, ni siquiera ha sido capaz, en tres años, de sustanciar el órgano que debería vigilar el cumplimiento de la misma y con un presidente que aconseja al memorialismo que «vaya aprendiendo» de un artículo de un falangista, y nos da ya fecha de caducidad.
Así no es extraño que sea la propia ciudadanía la que tenga, como casi siempre, que cubrir las carencias evidentes del Ejecutivo.
Dos militantes de CNT han decidido cumplir con una ley que no se termina de aplicar retirando símbolos franquistas y, en vez de proponerles para una medalla cívica, se les identifica y se les lleva ante la jueza.
Silencio institucional absoluto.
Los ciudadanos llevan a juicio a un alcalde que no quiere cumplir con la ley de su propio partido y mantiene una placa laudatoria a Franco en su propio Consistorio y calles de franquistas, el juez les da la razón.
Posición institucional: la ley sirve para algo.
No, la ley habría de defenderse desde las propias instituciones.
La ciudadanía escoge representantes, estos hacen las leyes y después, deben velar por su aplicación y cumplimiento.
Los ciudadanos no tenemos que quitar esas placas ni llevar a juicio a alcaldes reticentes, es la administración la que debería vigilar el estricto acatamiento de esa Ley.
El mundo de la política es multifacético y la transacción en el es el pan nuestro de cada día, pero de nada sirve la ley más progresista si con ese contenido tan satisfactorio luego no tiene aplicación.
A estas alturas ya se nos considera a las asociaciones de víctimas del franquismo una especie residual y en extinción, por eso no se nos hace mucho caso, pero aunque ya nos den por muertos, una vez más, exigiremos hasta el penúltimo paso antes de la tumba, nuestros derechos ciudadanos y el cumplimiento de la ley.
Nada más…y nada menos.
Enrique Gómez
Presidente ARMHA