Otro 18 de julio con los deberes sin hacer. Sin ver cómo la obligación de un Estado de derecho de velar por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas se cumple (salvo que admitamos que nuestro sistema democrático actual es simple y llanamente una continuidad del franquismo).

Las víctimas de ese régimen deberían haber sido resarcidas. Las políticas de fuegos artificiales, por mucha justificación que tengan dichas manifestaciones espectaculares, no abordan el fondo del problema.

Cuando un país ha pasado por un período reciente de su historia tan traumático, hay que realizar políticas para superar sus efectos de manera contundente. No es de recibo que los y las ciudadanas sigan teniendo que acudir a asociaciones de voluntarios para tener noticias de sus familiares desaparecidos. No es lógico que hagamos exhumaciones en países extranjeros, por la adhesión de nuestro país a misiones y tratados de paz, teniendo a miles de nuestros ciudadanos todavía bajo cunetas sin nombre.

Tampoco es realmente un partido democrático el que cuestiona la españolidad de los nietos de los exiliados, y blanquea el franquismo, derogando las leyes que sus víctimas y sus familiares han conseguido con tanto esfuerzo.

En los años 70 se vio que esta democracia había negociado, para llegar a serlo, poniendo en un platillo de la balanza a los asesinados y perseguidos del franquismo, anulando sus derechos.

Hay que manifestar claramente un respeto para los que recibieron un tiro en la nuca por sus ideas políticas en el contexto de una democracia atacada.

Los nietos de los perpetradores ya se han manifestado como admiradores de sus parientes asesinos y esta democracia sigue sin cerrar las heridas familiares y sociales que pudren el origen de una democracia tutelada.

No tenemos miedo a la historia, ni queremos reescribirla, pero quien niegue que la tragedia española, comenzada ese 17 y 18 de julio de 1936, fue provocada por un golpe de Estado —que no fue ni un tsunami ni un terremoto, y que fueron unos actos terribles provocados por individuos que traicionaban a las instituciones que juraron defender—, están negando una evidencia histórica y consensuada por la comunidad académica internacional.

Que el franquismo benefició a los parientes de sus muertos y mutilados de guerra con honores, prebendas y dignificaciones durante 40 años es un hecho comprobado. Cuando la democracia ha querido honrar a los asesinados por el régimen, la derecha de este país se ha posicionado frontalmente en contra.

Estos son hechos, no opiniones.

La obligación del Estado es proteger el derecho de los ciudadanos a sus libertades individuales. Miles de españoles han visto negado su derecho a la Justicia y, posteriormente, hasta su dignificación, negándoles, incluso, un entierro digno y familiar.

Por eso, un año más, es 18 de julio en que los y las ciudadanas conscientes seguiremos luchando por la verdad, la justicia y la reparación y nuestro deseo de garantías de no repetición. Donde falla el Estado, la ciudadanía responde; es lo democrático.

Así lo hemos hecho y así seguiremos, le pese a unos cuantos o les moleste a otros. Nosotros no olvidamos, pues la injusticia sigue vigente, por desgracia, tantos años después.

Enrique Gómez

Presidente ARMHA