Diré como santo Tomás, si no lo veo no lo creo.

El 25 de agosto de 2018, el gobierno de Pedro Sánchez, aprobó un decreto ley que modificaba la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Esa modificación decía que en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda.»

Apoyado por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias. La abstención de PP y Cs, y los votos en contra los de los diputados del PP Jesús Posada, expresidente del Congreso, y el catalán José Ignacio Llorens. Según el PP, se ha tratado de sendos errores. (o les traicionó el subconsciente)

Con este decreto, el asesino Franco debería ser trasladado de allí.

Pero realmente creemos que ese macromonumento, construido a mayor gloria del dictador y con trabajo esclavo de tanto represaliado, alguna vez se podrá considerar como recuerdo a las víctimas??

Saben que la mayoría de los republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas…. que allí reposan fueron trasladados después de ser asesinados por orden de Franco y su camarilla y sin permiso de sus familiares?

Como no, a la familia Franco no le gustó el decreto le pidió al Defensor del Pueblo que recurriera ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del Gobierno al considerarlo ilegal y una «profanación de sepultura»

Ilegal?, su abuelo se levantó en armas contra un gobierno legítimo, ¿eso fué legal?. ¿Profanación de sepultura?, el tiene sepultura no como los más de 140000 españoles desaparecidos en campos y cunetas.

Luego la familia exigió que los restos se trasladasen a la catedral de La Almudena, pero en 1943 la Iglesia prohibió los enterramientos en los templos, salvo excepciones: el Papa, los cardenales y los obispos diocesanos, incluidos los eméritos. Aunque hay excepciones sí se puede enterrar ahí pero pagando más de 120.000 euros (cuando hay dinero por en medio parece que a la iglesia le dan igual sus propias normas).

Y de donde proviene la fortuna de la familia Franco?, recordemos que el dictador venía de una familia de clase media. ¿Será de los expedientes de responsabilidades políticas?

Recordemos que en Aragón se conservan más de 16000 expedientes, con multas que van de 25 ptas. a 1.000.000, ptas.

Pero claro un país que sigue manteniendo el ducado de franco,  «título nobiliario español con grandeza de España creado el 26 de noviembre de 1975 por el rey Juan Carlos I y otorgado a María del Carmen Franco y Polo, por entonces marquesa consorte de Villaverde «en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren».»

Recordemos que aunque es ilegal, según la ley de Memoria Histórica, dicho ducado fue concedido a Carmen Martínez-Bordiú por traspaso del título al fallecimiento de su madre, Carmen Franco Polo, hija única del dictador. La orden del Ministerio de Justicia fue por Rafael Catalá Polo. Un día antes de prosperar la moción de censura.

El artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica prohíbe menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Será que un ducado con el nombre del dictador no es exaltación.

Y el tema ha llegado al supremo, parece ser que a la familia franco no les parecía bien que los restos del dictador fueran al Pardo, aunque a mi tampoco ya que pertenece a Patrimonio y lo sufragamos todos los españoles.

El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio por razones de interés general.  (Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Menéndez y Pablo Lucas, que es el ponente de la sentencia)

Que el cumplir las leyes sea noticia, es preocupante, y que los descendientes del genocida no se conformen y ya anuncian que van a acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo.

Presidido por el magistrado Juan José González Rivas, aquel que dijo sobre el matrimonio homosexual «la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio desnaturaliza la esencia de la institución» .

Un talante muy democrático.

Poco amparo tuvieron todos aquellos que fueron asesinados, represaliados, torturados, vejados o se tuvieron que exiliar por culpa de su abuelo.

Pero aunque parezca mentira todavía hay más trabas, parece ser que la licencia de obras esta suspendida porque levantar una losa de 2000 kg. puede poner en peligro a los operarios.

¿En pleno siglo XXI, eso es un problema? No había esos problemas cuando se colocó.

Quizá el problema sea en la figura del titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, que suspendió provisionalmente la licencia de obras, y que en varias ocasiones se ha pronunciado contrario a la Ley de Memoria Histórica.

Magistrado al que la abogacía del estado intentó recusar, pero parece ser que no había conflicto de intereses.

Cuando se acabara este culebrón?

44 años y un dictador genocida sigue recibiendo honores.

M.Sánchez