Resulta interesante ver cómo en la agenda del Gobierno de Aragón aparecen eventos de Memoria Democrática cada vez más a menudo, interesante e importante.
Importante porque no es de recibo que un gobierno democrático obvie temas que afectan a los Derechos Humanos de la sociedad sobre la que ejercen una labor política y administrativa.
Las asociaciones memorialistas son organizaciones ciudadanas que desde hace décadas han mantenido viva la llama de la reivindicación de la dignidad de una sociedad destrozada por la represión de unos golpistas cuya única legitimidad vino de la traición a la República y de la violencia. Estás fueron reconocidas como tales por los nuevos gestores del Gobierno autonómico, teniéndolas en cuenta para la realización de aquellos eventos que hasta entonces venían realizando en solitario y en muy raras ocasiones y que ahora veían como una realidad cotidiana la tan anhelada cooperación oficial.
Sin embargo, y por motivos que aún nos resultan desconocidos, la parte final de la elaboración de la tan deseada Ley de Memoria Democrática de Aragón, coincidió con un desapego total e inexplicado por parte del Gobierno de Aragón hacia las asociaciones memorialistas.
Comenzaron a realizarse una serie de actos en los que hubiera sido fundamental la cooperación de estas asociaciones ciudadanas y se realizaron completamente al margen y a espaldas de ellas. No es este el colofón que hubiéramos deseado tras esa primera etapa de cooperación que resultó tan productiva e ilusionante.
Un gobierno que actúa de espaldas a las asociaciones ciudadanas, es un gobierno que pierde el contacto con la realidad cotidiana y con la calle, y no puede, por tanto, esperar demasiado apoyo de aquellos a los que ningunea.
Esperamos, sinceramente, que estos últimos episodios sean tan solo el producto de un malentendido entre las partes, y qué pronto se subsane, para beneficio no tanto de las relaciones entre el gobierno y las asociaciones memorialistas, sino de toda una sociedad que sigue esperando
Verdad Justicia y Reparación.
