Nunca debemos temer a la verdad. Ocultar unilateralmente las espantosas realidades que comenzaron a producirse en España a partir del 18 de julio de 1936 con la manida fórmula de que: «fue una guerra y en la guerra todos hacen barbaridades», es una afirmación, aparentemente ecuménica, que solo suele favorecer al grupo ideológico que la propone.

Conviene recordar en esta breve introducción, por tanto, que la violencia política en la España de la preguerra no comenzó con la llegada de la República. La represión sobre las masas obreras para acallar sus reivindicaciones comenzó desde el inicio de la introducción de las grandes industrias en nuestro país.Las grandes fábricas necesitan muchos obreros, por lo que el éxodo del históricamente paupérrimo campesinado español a las ciudades en busca de trabajo era inevitable.

Cuando una gran masa humana se reúne, surgen problemas sanitarios y de habitabilidad, entre otros,, pero también ocurre que se comienza a acometer un trabajo sindical que une a los obreros en una misma lucha para combatir estas situaciones. La patronal, en connivencia de las fuerzas de orden público y del gobierno, comenzó a desarrollar una estrategia represora que iba desde el asesinato selectivo de cabecillas, hasta la represión callejera generalizada.

Un país que mantuvo una guerra colonial durante decenios, ejerciendo sobre los pueblos nativos una política genocida, no parece que fuera a tener muchas dificultades morales para reclutar facinerosos que estuvieran dispuestos a asesinar a sus hermanos de clase.

Este fondo «africanista» de los militares se vería mucho más claramente reflejado a la hora de los asesinatos masivos del «agosto caliente» y durante toda la guerra. Así pues, los muertos obreros que pesan sobre los hombros de los sucesivos gobiernos de España, desde mediados del siglo XIX hasta el advenimiento de la República, están ahí y nadie los puede ocultar.

¿Hubo grupos obreros armados? Sí, pero fundamentalmente fueron creados para defenderse de las fuerzas que contra ellos lanzaban los patrones y el gobierno.

¿Algunos se excedieron a la hora de defenderse? Muy posiblemente, pero debe entenderse que cuando una situación injusta pone fuera de la ley a quien a ella se enfrenta, dar un paso más hacia lo que se considera que es cambiar esa realidad resulta casi inevitable.

Toda esta dicha realidad se vio agravada por la aparición de los grupos fascistas en España. Eran milicias paramilitares uniformadas y armadas que, a imitación de las que surgieron en los años veinte y treinta en Europa, fueron copiadas y fomentadas en nuestro país para potenciar la represión sobre la clase obrera.

Por tanto, ¿hubo violencia política en el periodo de la República? Sí, pero fue una continuidad de la que se veía en España en los decenios anteriores: Río Tinto, la Canadiense, la Semana Trágica, la Ley de Fugas, el pistolerismo patronal… y su incremento solo fue posible por el apoyo de los poderes fácticos a una represión que les convenía tanto por motivos tácticos (inmediatos), como estratégicos (excusas para utilizar a más largo plazo).

 

SE PREPARA LA ESPAÑA DE LAS FOSAS

Uno de los hechos más significativos invocados por los historiadores revisionistas o neofranquistas es citar la revolución de 1934 (más bien una insurrección) como el inicio de las maniobras comunistas internacionales para hacer caer España las manos de la Komintern.

Cada vez que se produce un hecho de este tipo en nuestro país, suele ser producto del hastío de la gente ante «cambios» que, finalmente, no les reportan ningún beneficio palpable en su vivir cotidiano. En España ya había habido pronunciamientos prorrepublicanos y muchas huelgas y conflictos de índole reivindicativa, pero el intento de forzar la República hacía un camino más progresista para la mayoría no fue en absoluto ̶y es algo reconocido por todos los historiadores rigurosos desde hace décadas̶ una maniobra internacional para la caída de España en un inexistente, entonces, «bloque soviétizante». Sí sirvió para que se viera, como en Casas Viejas, que si la República se veía amenazada por grupos radicales, no le temblaba el pulso a la hora de ejercer una brutal represión.

Franco, en un ensayo general con todo de lo que luego fue la Guerra Civil, fue el ejecutor de las masacres asturianas. Quizás este ejemplo debería dejar bien claro que la República no era el problema, para quienes la acusan de todos los males, y justifican así el golpe militar y la posterior guerra. Tras ese luctuoso y desgraciado episodio, las más altas instancias militares comenzarían a planificar y a preparar justificaciones para el golpe de Estado que tramaban.

 

PROPAGANDA Y PLANIFICACIÓN

Durante la República sí hubo asesinatos políticos, por supuesto, pero fue una excusa para los golpistas puesto que un golpe de Estado no se planifica de un día para otro.

Existieron conversaciones de monárquicos con militares que iban preparando el terreno para lanzarse a la aventura golpista «por el bien de España», una afirmación tan eterna y manida como carente de contenido. Era el leitmotiv que aparecía en todos los órganos propagandísticos y periodísticos de las clases dirigentes españolas.

Los primeros bandos desde ese infausto 18 de julio, se camuflaban desde la necesidad de defender una república amenazada. La represión fue brutal e inmediata. A los de la teoría de las «dos Españas», que nunca entendieron los versos de Machado, les gusta decir que había que terminar con la violencia generalizada de esa época republicana, ignorando que los actos de los militares provocaron en un solo día muchas más muertes que las que se producirían en todo el periodo republicano y que decían querían evitar.

También afirmaban, como indicábamos anteriormente, que «en la guerra, todos los bandos hacen barbaridades, así que todos lo hacen mal y, por tanto, es mejor olvidarlo». De este modo no querían ver que, en las instrucciones de Mola a los sublevados se incluían directrices claras para una represión generalizada.

El golpe falló, pero desde un principio este no fue un golpe convencional que descabezaría al poder y que cambiará el régimen. No, este fue un golpe contra el pueblo.

Los militares sabían que había grandes multitudes obreras y campesinas que eran el «enemigo».

Eran potencialmente revolucionarias y ponían en peligro los ancestrales privilegios de las clases dirigentes españolas; así que decidieron que esta vez no irían a descabezar solo esos movimientos populares: esta vez irían contra todos sus componentes. Castigar a muchos para enseñar a todos.

 

FOSAS LEJOS DEL FRENTE

Las casi 6.000 fosas que se han documentado en el Estado español (a día de hoy los poderes públicos siguen sin tener un especial interés por abordar rigurosamente este tema), obviamente no fueron, ni mucho menos, consecuencia de los choques bélicos entre defensores y rebeldes a la legalidad republicana.

Una vez más, la explicación de las «venganzas» y del «café para todos» no dan cuenta de la magnitud de estos hechos.

Ya se habían perpetrado genocidios antes de la guerra de España, sobre todo por razones étnicas, pero lo que se produjo en nuestro país con el estallido del golpe militar no tenía precedentes, ni aquí ni en gran parte del mundo. El asesinato colectivo por razones políticas también debe ser considerado un auténtico genocidio.

La maquinaria militar y paramilitar comenzó, desde el primer día, a cumplir las órdenes de la superioridad con diligencia: alcaldes y concejales, militantes obreros y sindicalistas…, todos eran objeto de persecución y asesinato por los sublevados.

El método «africanista» se extendió por todos los rincones de España. Hacer listas de «desafectos», es decir, de leales a la República, rodear el pueblo o la manzana urbana, identificar, conducir al centro de interrogatorios (que surgieron por doquier), para luego pasar por alguna prisión o directamente al paredón o un campo, y de allí a la fosa común o incluso al abandono de los restos en plena cuneta o en la vía pública.

Expresiones en documentos oficiales como la de «puesto en libertad» indicaban la muerte segura de una persona. En los registros civiles, por ejemplo, » hemorragia interna por causa de la guerra» también era un eufemismo común para describir un fusilamiento.

La táctica en el campo español de fusilar a los vecinos de un pueblo en el municipio colindante era una práctica común. El fusilamiento de vecinos por paramilitares de una zona cercana y no del mismo pueblo también era habitual. Los malos tratos, las torturas psicológicas y físicas, el menosprecio a las víctimas y sus familiares eran moneda corriente.

Todo esto, evidentemente, sin más justificación que las órdenes militares que, al existir una sublevación, parecían abarcar cualquier tipo de situación por el «estado de guerra».

Dejar a la vista a los muertos era tan corriente como ocultarlos en fosas hechas a propósito o utilizando las ya existentes, todo dependía de los mandos locales y de su voluntad.

Si bien se cree que, en ocasiones, la ocultación en fosas no señalizadas era una medida de precaución para una posible petición de cuentas, parece más probable que se tratara de un método fácil para asumir una gran cantidad de asesinatos ante la dificultad de deshacerse de los cuerpos por vías convencionales.

También incluso podría considerarse como una condena a una «segunda muerte»: no poder acudir al lugar donde está el cuerpo de tu ser querido, no poder dignificar su muerte mediante un enterramiento decente es una forma más de mostrar impunidad y crear más terror.

 

LAS FOSAS «LEGALES»

A partir del segundo año de la guerra comienzan a generalizarse los «consejos de guerra sumarísimos». Para dotarse de una imagen legal, el régimen militar que venía asentándose durante el desarrollo del conflicto comenzó a abandonar (aunque nunca lo hizo del todo dada la impunidad de estos hechos) los procedimientos de fosas y cunetas, llevados a cabo sin ningún tipo de proceso legal, y comenzó a usar la herramienta de la justicia militar para seguir deshaciéndose de sus enemigos. Eran parodias de juicios en los que todos los miembros del Tribunal eran militares y que juzgaban por «rebelión» contra su régimen.

Según la nueva legalidad franquista, impuesta en su zona de ocupación, el reo de este delito era merecedor de la pena de muerte, es decir, lo mismo que habían hecho hasta ese momento solo que esta vez se formaba un grupo que diera apariencia legal al asesinato.

El abogado defensor solía ser un oficial de baja graduación que seguía las órdenes del juez. Ni siquiera se molestaban en dar una apariencia mínima normal al proceso, pues en muchos casos los miembros de la mesa no tenían cualificación para impartir justicia. Esta segunda parte de la represión, hablando solo de las desapariciones forzadas iniciales y de fosas comunes, duraría hasta después de la guerra. Al menos, en esta fase de la política de asesinatos, el contacto con el condenado era posible y la localización de sus restos, generalmente también.

Que el sublevado contra la legalidad vigente juzgue por rebelión al defensor de ésta da idea de la iniquidad de este nuevo régimen y de lo que se le venía encima a la sociedad española de los próximos decenios; también mostraba la seguridad de los militares sublevados en el triunfo de su rebelión en ese momento de la guerra.

 

ASESINATOS DE POSGUERRA

El conde Ciano, embajador de Mussolini en España, en un telegrama diplomático de 1940, se mostraba sorprendido y escandalizado de que tras el triunfo de Franco su régimen siguiera fusilando a más de cien personas al día en las grandes ciudades.

El Régimen franquista, como ya expresó el propio Franco en una entrevista dada a la BBC, «no escatimaría recursos para limpiar España de sus enemigos», esos «rojos antiespañoles» que el periodista calculó en los dos millones… y el Generalísimo dijo qué eliminaría «a los que hicieran falta».

Para dotarse de otra herramienta legal represora en 1940, el franquismo iniciaría la llamada «Causa General». No contentos con los asesinatos masivos de la guerra, el exilio y los presos que ya tenían encerrados (en condiciones lamentables, en otro momento deberíamos hablar de la muerte que provocó la miseria y los malos tratos a la población), decidieron usar la documentación almacenada en Salamanca, producto del botín y sacada de ayuntamientos y sedes políticas y sindicales, para «pasar el cedazo» por toda la geografía nacional.

Colectivos completos como el de los maestros fueron depurados por la simple técnica de expulsarlos a todos y luego ir readmitiendo a los «no desafectos» al régimen nacional-católico.

Los juicios seguían siendo una farsa, como lo fueron durante todo el franquismo: sin garantías legales y sometidos a un ordenamiento had hoc para sostener al nuevo sistema recién implantado.

Esta nueva herramienta, la Causa General,  seguiría causando un gran dolor en forma de muerte y represión a la sociedad española.

Durante todo el franquismo, aunque todavía se fusiló muy masivamente hasta entrados los años cincuenta (y nunca dejo de hacerse hasta su final), el régimen intentó lavar su cara ante las naciones extranjeras que estaban venciendo a sus aliados fascistas, de ahí la conmutación de penas de muerte y la aparición de la figura legal de la «reducción de penas por el trabajo», un eufemismo para definir una auténtica esclavitud legal.

Con la construcción megalomaníaca de la tumba del dictador en el Valle de los Caídos, también se produciría una vergonzante utilización política de los asesinados (y que aún está, como tantas otras atrocidades franquistas, por solucionar).

Para mejorar la imagen de un Régimen que solo se mantenía internacionalmente a causa de la Guerra Fría (siendo España el portaaviones americano del sur de Europa), el monumento construido por esclavos republicanos para enterrar a Franco junto al padre espiritual del Movimiento Nacional y a los soldados que lucharon y murieron por la destrucción de la República, comenzaron paulatinamente, a hacerlo cambiar aparentemente de signo.

El traslado de los «nacionales» a esas criptas resultó muy problemático, muchos de ellos estaban localizados y sus familiares presionaron para mantenerlos cerca, así que resolvieron dos problemas de una sola vez: trasladarían a los republicanos de las fosas que ellos habían llenado (naturalmente sin permiso en sus allegados) para llevarlos al monumento, y así, además, dar la imagen de una supuesta «reconciliación nacional», lo cual era algo muy conveniente ante la opinión pública internacional de la posguerra mundial.

La «patata caliente» del Valle de los Caídos, tras los 45 años transcurridos de la muerte del dictador, sigue sin resolverse, lo que muestra la nula voluntad política de los gobernantes de la democracia para con las víctimas de la represión franquista.

 

LOS PIONEROS

Siempre hubo casos aislados de personas que, subrepticiamente o con la aquiescencia de las autoridades del Régimen, pudieron sacar los restos de sus familiares en los años posteriores a la guerra…, pero fueron muy minoritarios.

Sin embargo, en la medida en que el sistema franquista fue entrando en los años del «desarrollismo», hubo movimientos sociales, sobre todo rurales, que se atrevieron a dar el paso y dignificar, en unos casos y en otros (menos), también exhumaron las fosas en que sabían que estaban los restos de sus convecinos.

En la mayoría de las ocasiones la represión y las amenazas paralizarían estos intentos, pero existieron, y es de admirar el coraje de los habitantes, por ejemplo, de algunos pueblos de Navarra y de otras zonas de España.

 

LAS PRIMERAS EXHUMACIONES CIENTÍFICAS

Del interés de nuestra democracia por solucionar los problemas creados en cuestión de derechos humanos durante el franquismo da muestra el ver la sucesión de acontecimientos que se han ido dando a este respecto.

Si bien es evidente que en el proceso de la llamada «transición española» la oposición democrática no pudo imponer un programa maximalista a los restos del régimen franquista, también es verdad que tras el golpe de Estado de 1981 y con la llegada de los socialistas al poder en 1982, se podría haber hecho mucho más para investigar ese violento pasado reciente de la historia de España.

La condena del franquismo en sede parlamentaria hubiera sido el inicio lógico de un proceso normalizado por parte de una democracia que habría tenido que resarcir a quienes la defendieron en unos tiempos tan tristes y oscuros.

Después, la creación de una «Comisión de la Verdad» ya hubiera puesto en manos de profesionales solventes y reconocidos la investigación de la represión franquista: hacer listas de represaliados y asesinados, de exiliados y desaparecidos, mapa de fosas, investigación de las instituciones antidemocráticas, etc.

Además, se debió crear un organismo gubernamental para, de oficio, resarcir, exhumar, compensar e impartir justicia, así como derogar la «Ley de Punto Final» que nos dejó el periodo preconstitucional, la llamada «ley de amnistía» (sobre la que se basa la Judicatura española para impedir el derecho a la Justicia a los represaliados españoles). Han sido inútiles las llamadas al orden de los organismos internacionales para que se solventaran estas anormalidades legales.

Una y otra vez, con las más peregrinas excusas, el partido que puso en pie la ley de 2007 se niega, siquiera, a revisar esa ley de 1977. Entretanto, una gran polémica se extendió entre los defensores de la llamada «memoria histórica»: unos pretendían, sin duda de forma justa y comprensible, que las exhumaciones se realizaran con jueces y policías presentes pues argumentaban que, al ser «desapariciones forzadas» y, por tanto, «crímenes de lesa humanidad» no prescribían y era necesario investigarlos por la vía judicial, sin contaminación de pruebas, y por la policía científica.

Otros, ya que la Justicia Española mantiene que o bien los crímenes están prescritos (negando carácter de ser de «lesa humanidad»), o bien están amnistiados por la ley del 77, ante la petición de muchas familias (a pesar de las infundadas acusaciones de «rencor» por parte de fuerzas de la derecha), intentarán recuperar de todas formas los restos de los represaliados.

Todo esto se hizo en unos primeros momentos de alegalidad (como en el caso de los soldados de la Bandera Sanjurjo), a las bravas y sin apenas método científico, sin muestras de ADN. Solamente se recuperaron los restos y, en la mayoría de los casos, se les enterraba digna pero colectivamente, con un monumento alusivo a los que allí iban a reposar definitivamente.

 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS

Es muy destacable que en el famoso proceso iniciado por el juez Garzón en la Audiencia Nacional, hubiera un apartado especialmente dedicado a las fosas comunes. El auto partía de la admisión a trámite de una serie de demandas por cuestiones de lesiones a los derechos humanos durante el franquismo (muchas de las cuales se habían ido presentando individualmente a diversas instancias judiciales y habían sido todas rechazadas por las diferentes judicaturas basándose en la ley de amnistía o en la prescripción de los hechos).

Obviamente ningún juez admitía, a pesar de lo que aconsejaban diversos organismos judiciales internacionales, que los hechos que se pedía investigar eran delitos de «lesa humanidad» por la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que estos eran tumbados en las primeras instancias o no admitidos ni a estudio.

Solo el juez Garzón, en un auto histórico, en el que Franco y muchos de sus adláteres aparecían como reos de una serie de delitos gravísimos, se atrevió a coger el toro por los cuernos.

Dicho auto se extendía además a un amplio abanico de hechos delictivos cometidos por el franquismo, se incluía también la creación de un grupo de asesores expertos (una auténtica Comisión de la Verdad) y, por supuesto, se contemplaba la localización y la exhumación de los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Pero esto era algo que resultaba intolerable para cualquier agente político que hubiera participado en los pactos no escritos de la Transición. En un acto sin precedentes, un fiscal teóricamente progresista y amigo del juez sacó a los magistrados de sus salas (aprovechando una baja de Garzón) para tener quórum suficiente y quitar de la demanda al juez alegando su falta de competencias y basándose, una vez más, en esa «Ley de Punto Final» conocida como ley de amnistía.

Las asociaciones memorialistas personadas en el caso sufrieron otra enorme decepción. Presentados miles de nombres, cientos de testimonios, completos dosieres sobre actividades franquistas, listas de fosas…, todo esto resultaría puro papel mojado ante la justicia española.

Estaba claro, los españoles no iban a conseguir ejercer su derecho a la justicia en su país. Pero el memorialismo es persistente: basándose en la «justicia universal» (otro concepto atacado por los partidos mayoritarios de nuestro país) y por el principio de «reciprocidad», se presentaron casos de desapariciones forzadas entre la Justicia argentina, Estado que sabía mucho de estas cuestiones, al ser aceptadas las demandas por la jueza Servini.

Han sido años de carreras de obstáculos, puestos por organismos del Estado español, que han impedido siempre que han podido las declaraciones de las víctimas e incluso han ignorado órdenes de detención de la Interpol.

A la vez el grupo de apoyo a esta querella, Ceaqua, ha fomentado la llegada a nuestro país de relatores de la ONU que siempre han emitido conclusiones favorables a las víctimas y han condenado las actitudes y métodos de la Justicia y el Ejecutivo españoles.

Paralelamente se han presentado multitud de casos ante la Justicia ordinaria de nuestro país para que, una vez agotadas las instancias patrias, estos pasen a la Justicia europea e internacional, donde las posibilidades de aceptación son mucho más altas.

Cierto es que la falta de políticas de memoria, esa actitud miope que cree que la inacción con el tiempo lo arregla todo, está llevando al cansancio memorialista y están muriendo sin derecho la justicia, ni siquiera en democracia, las víctimas directas del franquismo.

A consecuencia de toda esta indignidad, viejos resabios están calando de nuevo en una sociedad que ha pasado página sobre su pasado sin conocerlo, que ha hurtado a varias generaciones su dignidad, y que ha sentado así las bases para una gradual vuelta a un fascismo, que creíamos ya superado, desde un «franquismo sociológico» que nada se ha hecho por eliminar.

 

LA SEGUNDA TRANSICIÓN

La ley Zapatero trajo una ―llamémosla así― segunda transición para las cuestiones memorialistas y para muchos otros aspectos de la vida política española. Parece que el miedo a las fuerzas involucionistas de 2007 se había, por fin, esfumado.

Sin embargo, lejos de ser una ley correctora, que mediante discriminación positiva, por fin favoreciera decididamente a los verdaderos perdedores de la transición (los represaliados del franquismo), sería una ley ecuménica que, aunque pretendúa satisfacer a todo el mundo (represores incluidos), no convenció a nadie.

Esta ley sirvió para que viéramos que la derecha y la mayor parte de la Judicatura de este país siguen asumiendo las tesis franquistas para explicar el pasado reciente de España, aunque también para conseguir, al menos, una mínima financiación para que las asociaciones memorialistas siguieran haciendo el trabajo que le correspondería al Estado.

No hay que olvidar que la primera exhumación de hace más de veinte años, hecha por fin científicamente, se realizó en el Bierzo por parte de la ARMH y que, desde entonces, no ha cejado en su labor de recuperar cientos de los miles de desaparecidos que aún quedan en España.

 

LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS

Una parte importante de la ciudadanía española, en armonía con el sentir de la Justicia Universal e internacional y los derechos humanos, entiende que una nación que no quiere examinar los hechos de su pasado violento reciente, y se conforma con aceptar las tesis de los vencedores de la Guerra, está condenada al fracaso en su convivencia democrática.

Superar el trauma de una guerra y de un pasado represivo es muy difícil. Se dice que una sociedad tarda tres generaciones en asumirlo, pero para eso hay que empezar encarando los hechos y sus consecuencias y eso, a nivel oficial, nunca se ha hecho nuestro país.

Por este motivo surgen las asociaciones memorialistas. En muchos casos son asociaciones rurales de ciudadanos que se unen para acometer la exhumación de las fosas en las que se cree que están sus deudos.

En otros se trata de llegar aún más lejos, con lo importante que estas dignificaciones son de por sí, peleando por difundir la verdad de unos hechos tergiversados y ocultados de nuestro pasado pre-democrático, bien sea a través de documentales, trabajos, artículos, exposiciones, homenajes, atención a las víctimas y sus peticiones, y muchas más actividades.

Hacer llegar a la ciudadanía de nuestro tiempo esa realidad tapada para que con su conocimiento seamos más conscientes de a quién se debe la democracia actual y también, por supuesto, a qué peligros ésta se puede enfrentar.

También mostrar el respeto debido a nuestros conciudadanos represaliados y tener un caluroso recuerdo para las personas que dieron la vida por un mundo mejor para ellos, para sus  contemporáneos y para las generaciones venideras.

Luchar por reconocer este pasado, más allá de situaciones personales o familiares, es un empeño en el que ante la falta de verdaderas políticas oficiales de memoria de los sucesivos gobiernos y al negacionismo de la derecha, seguiremos incidiendo sin pausa las asociaciones de Memoria Histórica Democrática.

 

 

                                                                                     Enrique Gómez Arnas

ASOCIACIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN