En 2020 varias asociaciones memorialistas y ciudadanos particulares decidimos iniciar una batalla judicial contra el Ayuntamiento de Huesca para exigir algo que, en realidad, no debería haber necesitado de los tribunales: el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Seis años después, una nueva resolución judicial vuelve a recordar al consistorio una obligación que nunca debió eludir.

Todo comenzó cuando comprobamos que el Ayuntamiento seguía manteniendo en el espacio público símbolos y homenajes vinculados con la dictadura franquista. Lejos de afrontar una retirada completa de esos vestigios, optó por buscar fórmulas para mantener algunos de ellos mediante una interpretación que, a nuestro juicio, vaciaba de contenido el espíritu de la ley.

El ejemplo más evidente fue la llamada resignificación de la Plaza de Navarra, los Porches de Galicia y la calle Rioja. En lugar de eliminar unas denominaciones que nacieron para homenajear a las tropas carlistas navarras, a la Legión Gallega y a los falangistas riojanos que participaron en el golpe militar de 1936, el Ayuntamiento decidió mantener exactamente los mismos nombres atribuyéndoles un nuevo significado: la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma de Galicia y la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Sobre el papel cambiaba la explicación; en la práctica no cambiaba absolutamente nada. Cualquier vecino seguía viendo el mismo callejero que había existido durante décadas. La memoria democrática quedaba reducida a una reinterpretación administrativa mientras el homenaje permanecía intacto.

La misma situación se producía con varias calles dedicadas a alcaldes nombrados durante la dictadura franquista y con la placa de exaltación situada en el patio del Ayuntamiento, elementos cuya permanencia resultaba incompatible con una legislación aprobada precisamente para eliminar este tipo de reconocimientos públicos.

Ante esa situación, el Colectivo Ciudadano de Huesca, ARMHA, APUDEPA y varios particulares decidimos acudir a los tribunales. Nuestra reclamación era sencilla: la ley obligaba a retirar esos vestigios y las administraciones públicas debían cumplirla igual que cualquier ciudadano está obligado a cumplir las normas.

El Ayuntamiento defendió que algunos de esos alcaldes habían realizado aportaciones importantes para la ciudad y que ello justificaba mantener sus nombres en el callejero. Los tribunales no compartieron ese criterio. En marzo de 2022, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca ordenó retirar la placa franquista y eliminar las referencias a los alcaldes de la dictadura, al entender que suponían una exaltación incompatible con la memoria democrática. Aquella sentencia dio la razón a quienes habíamos impulsado el procedimiento y supuso un precedente importante en Aragón.

La placa del patio consistorial desapareció pocos meses después, pero el Ayuntamiento recurrió la parte relativa al callejero. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que confirmó el criterio del juzgado y dejó claro que haber desempeñado una gestión considerada positiva no elimina la condición de dirigente de un régimen dictatorial ni permite mantener un homenaje público contrario a la legislación vigente.

Sin embargo, la sentencia tampoco puso fin al conflicto. Aunque el pleno municipal aprobó nuevas denominaciones para las calles afectadas, las antiguas placas permanecieron durante meses en su lugar. Una resolución firme seguía sin ejecutarse mientras el tiempo pasaba y el Ayuntamiento continuaba incumpliendo una obligación impuesta por los tribunales.

La última resolución judicial vuelve a evidenciar esa situación. Tras solicitar la ejecución forzosa de la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha concedido al Ayuntamiento un plazo de veinte días para retirar definitivamente las placas que aún conservan los nombres de los alcaldes franquistas.

Han pasado seis años desde que iniciamos este procedimiento. Seis años de recursos, escritos, resoluciones judiciales y retrasos administrativos para conseguir que una institución pública cumpla una ley democrática aprobada por las Cortes de Aragón. La historia deja una conclusión difícil de discutir: en Huesca, la aplicación de la memoria democrática no ha llegado por iniciativa política, sino gracias a la perseverancia de ciudadanos y asociaciones que se negaron a aceptar que la desmemoria siguiera ocupando el espacio público.