Tras cuarenta años de democracia, seguimos sin un consenso social sobre la forma de explicar y superar las consecuencias de nuestro violento pasado inmediato. Y ya no hablamos de la guerra, no solo al menos. Hubo un golpe militar si, lo siento, pero eso es histórico y no fue un movimiento pacificador que salvó a España del totalitarismo comunista, eso sí, nos hizo caer en un totalitarismo netamente fascista, que duró, con ligeras mutaciones cosméticas, hasta más allá de la muerte de Franco.
En la medida en que no se ha planteado seriamente la revisión social y democrática de ese periodo, nos encontraríamos ante una nueva mutación, el paso al llamado régimen del 78, en la que el régimen al completo se convirtió en una maquinaria nueva democrática, por decreto, y todos sabemos que esto, ni restañar heridas, se puede conseguir por medio de una orden ministerial.
Sí, no se han tomado nunca en serio nuestros gobernantes que había que revisitar y construir un consenso que condenara esos cuarenta años de dictadura, como primer paso para una verdadera superación de las consecuencias de los mismos.
Es por eso que yo hablo de una mutación, no de un verdadero cambio. Cuando los nazi-fascistas comenzaron a perder la guerra, desde los mismos supuestos dictatoriales, el régimen español paso de ser fascista a Nacional-católico y construyó un relato que pudiera ser compartido con sus nuevos socios anticomunistas; no importaba ya la democracia a las democracias occidentales, importaba el anticomunismo, y ahí si se encontraba cómodo el jefe de los golpistas, que veía cómo se afianzaba su régimen a nivel internacional.
Franco traicionó a la República, régimen democrático al que estaba, por su cargo, obligado a defender.
Franco traicionó a los monárquicos, quedándose él, que había solicitado su apoyo prometiendo reponer la figura del monarca, como jefe del Estado hasta su muerte.
Traicionó a la Falange fascista, a la que prometió una revolución social y que enterró bajo el régimen socioeconómico tradicional, que era el que él defendía.
También traicionó a los carlistas, les pidió su apoyo y luego no quiso saber nada de ninguna casa real, una vez más vertieron su sangre en otra guerra civil para nada.
Traicionó a sus compañeros militares, con la connivencia de algunos y los «errores» de su propio hermano, quedándose como líder único de por vida, él que había sido el más «cuidadoso» a la hora de unirse a la rebelión.
Y, sobre todo, traicionó a todo un país que, aspirando a libertades, pan y trabajo, tuvo estraperlo, cartillas de racionamiento y décadas de miseria y represión.
Eso es lo que implantó sustituyendo al régimen republicano democrático que había traído esperanza de cambio a España.
Por traicionar lo hizo hasta con sus aliados fascistas negando siempre que realmente su régimen se hubiera inspirado y apoyado, para llegar al poder, en ellos.
Hubo gente que luchó por revertir esa triste realidad gris y horrenda que supuso el régimen franquista, no solo durante la guerra, también en los muchos años que duró la represión sobre quiénes querían ejercer derechos sindicales y políticos.
La derecha democrática, heredera directa del régimen y que nunca lo ha condenado, ninguneó a estos luchadores y tergiversó, hoy más que nunca con Vox a su derecha, las realidades de lo que hicieron sus asumidas generaciones anteriores durante la guerra y en las décadas siguientes. Está claro que la derecha ha querido siempre enterrar y mantener enterrados los hechos cometidos por los golpistas durante la propia guerra y por el régimen en las cuatro décadas siguientes a la misma.
Si la llegada a la democracia fuera auténtica y los pactos de silencio, permanentemente negados, inexistentes, sería de obligación irrenunciable sacar a la luz todos esos hechos que afectaron a tantas personas de la sociedad española.
Ya no parece tiempo de una comisión de la verdad, pero es increíble que, a estas alturas del devenir histórico español, todavía sean las asociaciones memorialistas las que hayan de hacer el trabajo que cualquier Estado moderno y democrático consideraría su obligación.
No es normal que tengamos que investigar los memorialistas el destino de los desaparecidos, esa dejación de funciones no es casual, como tampoco lo es el que, de vez en cuando, en la era Zapatero y en estos momentos políticos concretamente, se pongan vendas haciendo exhumaciones por cuenta del Estado: está muy bien, pero la pedagogía sobre lo que sucedió, la eliminación de las trabas a la Justicia, terminar con la impunidad, en definitiva, hacer de una buena vez políticas memorialistas auténticas, sigue siendo una tarea pendiente y quizás, y eso es lo más grave, está sea la última oportunidad.
Tomarse en serio que hay que ser beligerante en estos temas, es la única manera de dar carta de autenticidad a esta democracia.
Aclarar ante la sociedad, además, la actitud que los partidos políticos tienen a este respecto y que públicamente renieguen de un régimen totalitario, dejando ya de defenderlo y justificarlo. Que se alineen con las víctimas de lo que fue un golpe de Estado contra la democracia, porque sino, puede suceder, como hemos visto últimamente, que los gobiernos que no gustan sean considerados ilegítimos y okupas, y volvamos a oír voces que justifiquen otros golpes de Estado para ahora mismo.
Franquistas siempre los ha habido, ganaron la guerra y permanecieron incólumes en la transición/mutación. Ahora tras un cierto grado y tiempo de ostracismo, vuelven vociferantes a las calles. Pues bien, si no se ganó la guerra deberíamos haber sido capaces de ganar la paz y la democracia, está claro que no lo hemos conseguido, unas políticas de verdadera memoria democrática fundamentales para el asentamiento de una nueva convivencia, habrían de prevenir estos nuevos brotes neofascistas y hubieran, al menos, intentado dejarlos netamente explicados a la sociedad democrática.
En definitiva, avances y retrocesos, una vez más en una cuestión que, en mi opinión, como las leyes que blinden el Estado del Bienestar, deberían ser cuestiones de Estado irrenunciables para cualquier auténtica democracia parlamentaria.
-Creación de un organismo que investigue el paradero y destino de miles de españoles que siguen en el abandono absoluto por parte del Estado, y que dé noticia de ellos a la sociedad y a los familiares.
-Políticas educativas de memoria, que ayuden a asegurar la garantía de no repetición de estos hechos.
-Exhumaciones, homenajes y estudios apoyados y fomentados por el Estado.
-Eliminación de trabas a la investigación judicial de los crímenes franquistas incluyendo la derogación de la Ley de Amnistía.
-Investigación de las verdaderas identidades de los bebés robados y devolución de éstas a los interesados.
-Devolución de los bienes incautados por el régimen a sus verdaderos herederos.
-Indemnizaciones a trabajadores esclavos, y visibilización pública de las empresas, aún hoy existentes, que utilizaron este tipo de mano de obra.
-Políticas de reconocimiento a los luchadores antifranquistas e indemnizaciones.
-Políticas de apoyo a los exiliados.
-Creación de centros a nivel estatal y autonómico, tanto de investigación como de recursos e interpretación de la Guerra Civil y el franquismo, como parte de la política de Estado clarificadora del verdadero significado de estos hechos históricos y que apoye la labor pedagógica al respecto.
-Persecución del negacionismo y medidas penales por ofensas a las víctimas del terrorismo de Estado que fue el franquismo.
-Eliminación de todos los vestigios de homenaje a los franquistas que aún quedan en todo el Estado.
Si, de verdad, queremos conseguir verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición éstas son las líneas maestras de lo que serían unas políticas serías de Memoria Histórica dignas de ese nombre tras cuarenta años de democracia y 52 diputados de ultraderecha.
Está claro que ya llegamos tarde, pero hemos de llegar, sino, nuestra nueva democracia siempre adolecerá de unas carencias que le harán tener, como ahora, los pies de barro.
Apoyos a la ultraderecha desde los más insospechados medios, banalizando su mensaje.
Jóvenes desencantados con su sociedad, que los mantiene en el paro, sin opciones, sin haberles enseñado el pasado, por lo que no son capaces de valorar positivamente su presente.
Una ley mordaza que sigue vigente y es usada para acallar a una sociedad que no protesta, amedrentada por multas y posibles montajes policiales.
Una judicatura conservadora, que se viene arriba por el signo que están tomando los tiempos.
Un Estado del Bienestar en peligro, amenazado por el ultra-neoliberalismo galopante.
Unos políticos cortoplacistas, que están más preocupados por la inmediatez y los chispazos mediáticos, que por resolver los grandes problemas a futuro.
Sí, tenemos todos estos problemas, pero también los hubo, y más graves, en el pasado.
Se quisieron cambiar las cosas y los que no querían que nada se modificara cortaron de raíz ese intento y de la forma más atroz posible.
Recordarlo es recordar nuestra historia, quien no conoce su pasado no ve los mismos errores en el presente y ese puede ser, perfectamente, el comienzo del fin de una democracia que nació con tan poca base y que tan poco hemos hecho para fortificar y ampliar.
Si por desgracia y por cortedad de miras, la derecha democrática nunca va a ser capaz de deshacerse de su pasado totalitario, el resto del arco político tendría que conseguir o al menos, intentar, elaborar políticas serias memorialistas que asienten y dignifiquen la lucha por la democracia.
Y éste, me temo, no es el camino.
Enrique Gómez
Presidente de ARMHA