El 4 de junio de 2007, solemnemente, la consejera María Victoria Broto en nombre del Gobierno de Aragón; Felipe Petriz, rector de la Universidad de Zaragoza y Enrique Gómez Arnas, presidente de la Asociación por la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, firmaron un convenio (mal llamado «del ADN») en el que se especificaba en el artículo IV del preámbulo que pretendía potenciar y profundizar las relaciones de cooperación entre la sociedad y la Universidad, haciendo referencia específicamente a la ley 5/2005 de 14 de junio, de Ordenación del Sistema Universitario en su artículo 56. Dicho convenio nunca ha sido denunciado por ninguna de las partes, por lo que seguiría vigente actualmente.
Para llegar a esta firma, miembros de la asociación, se pusieron previamente en contacto con el Departamento de Historia Contemporánea y con antropólogos y patólogos forenses de la Universidad de Zaragoza. La predisposición a colaborar en investigaciones con el memorialismo era clara, pero había que hablar con la jefatura académica y con el Gobierno de Aragón, financiador en última instancia. Tras muchas reuniones y no pocas dificultades se llegó a la firma del citado convenio. Hoy, 18 años después, sólo se sustanció en el pago de materiales para la identificación de los restos aparecidos en una única fosa.
Cuando recibimos la noticia de la presentación de la flamante cátedra «María Domínguez» de Memoria Democrática acudimos con ilusión creíamos que, por fin, los objetivos del 2007, buscados y nunca alcanzados, iban a llegar a través de esta institución. Por desgracia asistimos a una nueva decepción. La denostada académicamente, en su momento, «Memoria Histórica», luego redenominada como democrática, daría nombre a una institución exclusivamente académica… que paradoja.
Aprovecho estas líneas para destacar, una vez más, lo obvio: la llamada «Memoria Histórica» es un movimiento ciudadano que pretende rescatar del olvido a las personas asesinadas y perseguidas durante la guerra, el franquismo y la transición, ante la inacción de las instituciones que nunca han hecho verdaderas políticas de memoria y cuando se ha legislado, no se están aplicando seriamente esas leyes. En absoluto somos una corriente historiográfica, ni lo pretendemos.
En la citada presentación pública, a pesar del nombre, poco se habló de las asociaciones que lo han prestado.
Entre los objetivos: trabajos académicos planificados por y desde la Universidad para llegar mejor a la sociedad.
Sea bienvenido este propósito, todo lo que sea trabajar por la divulgación e investigación de ese «pasado oculto» es bueno para nuestros propósitos y, en definitiva, para toda la sociedad a la que van dirigidos. Por lo demás, encantados del desarrollo del citado acto, firmamos al cien los discursos y el arte desplegado pero, una vez más entre los propósitos de la cátedra, ni siquiera se apuntó la posibilidad de cooperación con el memorialismo que esperaban las asociaciones. ¿Para cuando un trabajo, por parte de alumnos interesados de historia contemporánea, con las asociaciones en sus investigaciones? ¿por qué no reunirse con las memorialistas para trazar planes conjuntos que den respuesta a lo que la sociedad considera más urgente y necesario en materia de memoria democrática?
La lista de los asesinados y represaliados anunciada es algo fundamental. Nuestra propia asociación tiene ya más de cuarenta y ocho mil nombres y son públicos ¿por qué no cooperar y no duplicar esfuerzos? ¿por qué no cotejar? probablemente porque, en definitiva, ahora sí que hay una corriente historiográfica con el nombre de memoria democrática y queda claro que ha de ser puramente académica.
Hablando de denominaciones y también para evitar malos entendidos, yo propondría un nuevo nombre que me parece más adecuado para el memorialismo que los apellidos democrática o histórica, yo hablaría de memoria antifascista o antifranquista (en su segunda época), pues para esa lucha se unieron desde liberales republicanos hasta anarquistas, el más amplio arco político posible, como se puede constatar.
Para terminar, y para que quede claro, hay múltiples formas de que colaboren Universidad y sociedad, academia y asociacionismo ciudadano, y por supuesto que estaremos encantados en que se potencie todo lo posible, con un calendario de actos bien ambicioso, la divulgación de todo lo referido a la memoria democrática, pero la sensación es de que, por el momento, seguimos con cooperaciones puntuales y personales, pero que estamos lejos de ese objetivo conveniado en el 2007 y posiblemente, en este sentido, esta sea otra oportunidad perdida.
Esperemos que, aunque no se haya planteado específicamente en la presentación, caminemos hacia esa meta conjunta.
Por nosotros no quedará.

Enrique Gómez Arnas
Presidente ARMHA