En 1940, aunque ya antes de finalizar la guerra habían comenzado a realizar exhumaciones, el gobierno golpista aprueba una ley para la recuperación de los cuerpos de los «asesinados por las hordas rojas» con cargo a los presupuestos del nuevo régimen.
Habrían de pasar 67 años, 30 de ellos de democracia, para que se publicase en el BOE una ley que, por pacata y ecuménica, dejaba en manos de las asociaciones memorialistas la labor de la exhumación de los miles de asesinados por los fascistas.
Oposición de gobiernos locales y regionales, protocolos imposibles, adelanto de un dinero pocas veces disponible, inacción del Estado democrático (a diferencia del dictatorial), ponían todas las trabas para poder llevar esta labor adelante. Y hablamos solo, aquí y ahora, de las exhumaciones, pero las verdaderas políticas de memoria seguían sin aprobarse perpetuando la muy interesada amnesia al respecto del pasado traumático reciente de nuestra sociedad.
De resultas de esta ineficaz ley (que abrió, eso sí, vías de canalización de algunas de las reivindicaciones del movimiento memorialista) varias autonomías se lanzaron a aprobar leyes que superasen a la «ley Zapatero», un camino intermedio para solventar algunas de sus muchas carencias.
La aragonesa de 2018 tardó en arrancar y apenas tuvo cumplimiento: el banco de ADN se convirtió en un convenio privado de escaso recorrido; la comisión técnica para el seguimiento del cumplimiento de esta ley tardó tres años en arrancar, con escasos resultados; las sanciones a los ayuntamientos por el mantenimiento de homenajes a personajes destacados del franquismo siguieron sin aplicarse (hasta algunos alcaldes socialistas se negaban a cumplir estos preceptos); en la escuela y los institutos se ponía voluntad de enseñar los estragos de la guerra y de la dictadura, pero seguía siendo más fruto del voluntarismo que de la oficialidad.
Hoy esta ley sigue vigente, pues la derogación está siendo revisada por el tribunal constitucional, pero de más está decir que el signo político del Gobierno regional actual deja bien claro cuál será su grado de aplicación por parte de estas autoridades.
Y así llegó el «gobierno más progresista de la historia de España» (aunque sigue sin derogar una ley que mantiene en la cárcel a antifascistas por meras declaraciones, sin pruebas, policiales); con la ley de 2022, entre otras cosas, creaba una fiscalía especial para poder investigar los crímenes del franquismo, se les olvidó (a pesar de las insistentes recomendaciones de los relatores de derechos humanos de la ONU), reformar la ley de amnistía del 77, por lo que dicha fiscalía se encuentra con un muro infranqueable. Mientras el gobierno hace grandes actos de relumbrón, como sacar al dictador de cuelgamuros (que ya tardaron), las verdaderas políticas de memoria siguen pendientes.
Mientras el flamante secretario de Estado se pasea por la geografía nacional dando conferencias de prensa (a las que no se invita a los memorialistas, por si acaso) y posando para la prensa, los muertos siguen en sus fosas dando fechas, la administración, para la recuperación de todos los cuerpos absolutamente irreales. Asociaciones de exaltación del franquismo siguen mofándose de la ley y de las víctimas con la total impunidad de la que siempre han gozado, ahora incluso, a pesar de esta ley, de nuevo, incumplida.
En definitiva una nueva oportunidad perdida.
A pesar de las buenas palabras.
A pesar de los grandes gestos.
A pesar de las palmaditas en la espalda.
Las fosas siguen cerradas. Miles de personas siguen sin tener un final en su biografía.
Los bebés robados siguen sin saber quiénes son.
Los esquilmados por las injustas sentencias franquistas siguen sin ser compensados.
Los luchadores por la democracia siguen sin ser reconocidos.
Las nuevas generaciones siguen sin conocer el reciente y traumático pasado de su propia sociedad.
Es la crónica de una falta de voluntad política, la historia ya conocida del desprecio a la realización de verdaderas políticas de memoria.
La vieja historia de que algo cambie para que todo siga igual.
Las consecuencias de la pasividad ante algo tan grave como intentar olvidar una injusticia tan monstruosa y de tamaño tan monumental pueden ser muy graves y creo que la sociedad ya está empezando a sentirlas.
Un fantasma, que creíamos eliminado, vuelve a recorrer Europa y el mundo: el fantasma del fascismo. Puede que en otros lugares no hayan hecho bien los deberes y por eso haya retornado, pero desde luego en nuestro país no nos hemos esforzado en absoluto.
Como decía: ya estamos recogiendo los primeros resultados, esperemos que sean los últimos.
Enrique Gómez Arnas
Presidente ARMHA
