Detrás de cada fosa común, de cada expediente y de cada pregunta sin respuesta, hay familias que han pasado décadas esperando. Para miles de ciudadanos en España, el duelo no ha podido cerrarse porque falta lo más esencial: saber dónde descansan los restos de sus seres queridos o conocer la verdad sobre el origen biológico de un hijo o un hermano robado.

El Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura, gestionado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, unificará en una sola gran red el mapa genético de la memoria en nuestro país.

Aunque tarde, nos congratulamos de la noticia. Durante décadas, las familias de los desaparecidos y las asociaciones de memoria democrática hemos tenido que empujar solas contra el muro de la burocracia, la indiferencia y el vaivén partidista. Durante años, muchas familias han aportado sus muestras biológicas en distintas comunidades autónomas o en iniciativas privadas, a menudo enfrentándose a un rompecabezas administrativo y a una sangrante dispersión de los datos.

¿Por qué la búsqueda de un abuelo, de una madre o de un hermano tenía que depender del código postal o del color del gobierno autonómico de turno?

Mientras algunas comunidades autónomas con voluntad política lograron avanzar y poner en marcha bancos regionales de ADN, hemos visto con indignación cómo, con cada cambio de sesgo político en los gobiernos regionales, estas iniciativas pioneras se frenaban, se desmantelaban o caían en el olvido. Y no nos tenemos que ir muy lejos: es exactamente lo que ha sucedido en nuestra propia comunidad.

La llegada de este banco estatal único y centralizado supone, ante todo, romper con la arbitrariedad autonómica. A partir de ahora, la base de datos estará unificada bajo la gestión del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, garantizando que los perfiles genéticos de todo el país se crucen de forma automática y telemática, al margen de dónde viva la familia o dónde fuera ejecutada la víctima.

El Gobierno de España tiene habilitado el procedimiento de solicitud de toma de muestras biológicas e incorporación de perfiles genéticos a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y de los canales oficiales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Las familias afectadas pueden ponerse en contacto y tramitar la aportación de su perfil genético para la identificación de sus seres queridos.

Aportación de perfil genéticos para identificación de personas desaparecidas

Identificar a quienes fueron silenciados y devolver los restos a sus familias no es solo una cuestión del pasado, sino un compromiso presente con los valores democráticos y la dignidad humana. Para muchas familias, este banco estatal representa, por fin, la oportunidad de cerrar una larga espera y otorgar a sus seres queridos el descanso digno que durante décadas les fue denegado.

Sin embargo, a pesar de ser una gran noticia, nos preocupa el contexto: entre su publicación en el BOE el pasado 7 de octubre y su entrada en vigor, prevista a los seis meses, nos enfrentamos a unas elecciones generales. ¿Pasará lo mismo que en las comunidades autónomas si cambia el signo del Gobierno?

Aunque la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de la sustracción de recién nacidos responden a estándares internacionales de derechos humanos reconocidos por la ONU y la Unión Europea, ya sabemos que cierta parte de nuestros políticos no piensa lo mismo. Frenar un banco genético de esta naturaleza sería un atropello ético y un bloqueo directo al derecho a la verdad y a la reparación.

Gane quien gane las próximas elecciones generales, la búsqueda de miles de personas no debe detenerse.

La memoria es justicia, y la justicia no se deroga.