El Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, ARMHA, y personas a título particular, han presentado una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en contra el Ayuntamiento de Huesca, instando la eliminación de placas franquistas en el callejero. Alcaldes de la dictadura y relevantes personajes del régimen todavía dan nombre a varias calles de la ciudad incumpliendo, de este modo, las leyes de Memoria Democrática.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Huesca, ha admitido a trámite la demanda planteada por las asociaciones Colectivo Ciudadano de Huesca, ARMHA y varias personas a título particular, contra el acuerdo adoptado tiempo atrás por el Ayuntamiento para mantener en el callejero los nombres de los alcaldes franquistas Pedro Sopena Claver, Vicente Campo Palacio, José Gil Cávez y Emilio Miravé, así como las relevantes figuras del régimen dictatorial Ricardo del Arco y José Castán Tobeñas. Por razones de carácter procedimental la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, no se ha podido personar en la demanda, aunque auspicia y ampara las acciones emprendidas.
El procedimiento contencioso planteado se basa en lo determinado por las leyes de Memoria Democrática en vigor, la aragonesa de 8 de noviembre de 2018 y la de carácter estatal aprobada el pasado 19 de octubre. En ambos casos, se consideran «elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos, de la sublevación militar y de la Dictadura», de acuerdo con la normativa estatal, coincidente con lo estipulado en la autonómica cuando señala elementos igualmente contrarios a la memoria histórica «las denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de Estado o al régimen franquista». Los nombres relacionados en la demanda se atienen literalmente a tales consideraciones.
Igualmente, el escrito presentado en el Juzgado, con el asesoramiento del letrado Pablo Malo, promueve la retirada de distinciones y honores como los concedidos al alcalde que lo fue en las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco, Vicente Campo Palacio, en posesión de las placas de «Alcalde Benemérito y Alcalde Ejemplar» así como el título de «Hijo adoptivo de Huesca», dado que su lugar de nacimiento fue la localidad de Bierge. También el polígrafo Ricardo del Arco, fanático franquista, fue distinguido por el propio Campo Palacio con los títulos de «Hijo adoptivo y predilecto de la ciudad». En ambos casos, la colisión con la normativa vigente es manifiesta.
Por otra parte, el catedrático de Derecho, procurador en Cortes durante nueve legislaturas, presidente del Tribunal Supremo entre 1945 y 1967 y promotor del Tribunal de Orden Público, el zaragozano José Castán Tobeñas, ya fue eliminado del callejero por el Ayuntamiento de Valencia en 2017. En tal ocasión, como la que nos ocupa en Huesca en todos los casos, informes contrastados por catedráticos de Historia contemporánea, han venido a avalar la oportunidad de la depuración de los correspondientes callejeros.
Cabe recordar, finalmente, que el pasado 9 de marzo, el mismo juzgado n.º 1 de lo Contencioso de Huesca, dictó sentencia favorable a los también actuales demandantes instando la eliminación del nomenclátor local de las referencias a los regidores del período dictatorial Mateo Estaún Llanas, José María Lacasa y Mariano Ponz, así como también del militar falangista y director del Instituto Nacional de la Vivienda Federico Mayo. El Ayuntamiento, no obstante, recurrió la sentencia en el caso de los significados ediles, por lo que será el Tribunal Superior de Justicia de Aragón la instancia que dirima el alcance y aplicación de las leyes memorialistas.
