El caso de Xosé Ramón (Moncho) Reboiras se suma a la Querella Argentina por los crímenes del franquismo

Nota de prensa, Vigo, 13 de octubre 2026

Hoy, 13 de octubre, Manuel Reboiras, ha presentado ante el Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal n.º 1, de Buenos Aires, la querella contra 24 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado franquista (Policía armada y miembros de la Brigada Político Social) que participaron, el día 12 de agosto de 1975, en el operativo policial en el que fue asesinado su hermano, Xose Ramón (Moncho) Reboiras
En este momento el Juzgado argentino continúa su investigación, iniciada hace 16 años, en relación con los crímenes franquistas denunciados, al objeto de acreditar que se produjeron en un contexto de ataque sistemático y generalizado contra sectores de la población civil, incluido el período político de la Transición y que dichos crímenes, por tanto, constituyen delitos de lesa humanidad.
Moncho Reboiras, fue uno de los dirigentes políticos más significativos de la Unión do Povo Galego (UPG) en los años 70, contribuyendo a los inicios “da Fronte Obreira”, “A Fronte Cultural Galega”, la reorganización y definición “do movemento nacional popular galego” (mn-pg) con la UPG y un frente conformado por las organizaciones de masas del nacionalismo de aquellos años.
La brutal represión y persecución del régimen dictatorial franquista llevaron a Xosé Ramón Reboiras a la clandestinidad en 1974, para continuar con su compromiso político y responder a las exigencias del momento. Como hemos indicado anteriormente fue asesinado el día 12 de agosto de 1975 por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado franquista. El citado asesinato se produjo en un contexto de crímenes contra la humanidad.
En la semana en la que se cumplen 49 años desde que fue aprobada la Ley de Amnistía de 1977, convertida en pilar básico de las políticas de impunidad del Estado español, una vez más un querellante por crímenes del franquismo tiene que acudir a los tribunales argentinos para que le sea reconocido su derecho a la tutela judicial efectiva, porque los tribunales españoles se niegan a investigar y enjuiciar estos crímenes, vulnerando sus derechos básicos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Conviene recordar que la querella de Moncho Reboiras fue presentada ante los juzgados de instrucción de Ferrol en febrero del año 2023, meses después de la entrada en vigor de la Ley de memoria democrática. A lo largo de todo el proceso judicial, los juzgados españoles han reiterado la inadmisión y finalmente el archivo de la querella aludiendo como principales impedimentos para la investigación judicial la Ley de Amnistía, el principio de legalidad y la prescripción.
Al igual que la práctica totalidad de las más de 125 querellas presentadas hasta la fecha que han agotado la vía judicial interna, tras la finalización del proceso judicial en el Estado español, se ha acudido a instancias internacionales y en este caso también a la justicia argentina.
La querella argentina ofrece a las víctimas una vía judicial para la investigación y enjuiciamientos de estos crímenes, pero no podemos olvidar que dicha causa judicial se tramita en Argentina porque el Estado español continúa desarrollando políticas de impunidad impropias e incompatibles con un sistema democrático. Dichas políticas se materializan impidiendo la investigación judicial, en el orden jurisdiccional penal, de los crímenes que son objeto de denuncia, así como en la sistemática y constante
obstaculización en la tramitación de la querella argentina.
Desde CEAQUA seguimos interpelando a los Jueces y Magistrados españoles para que pongan fin a la política de impunidad que han mantenido hasta la fecha y apliquen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional como la misma forma que lo aplican cuando han tenido que investigar y enjuiciar crímenes de Derecho Internacional cometidos por terceros Estados o, incluso cuando han tenido que resolver expedientes de extradición a requerimiento igualmente de otros Estados.
El seguir manteniendo políticas de impunidad que impiden la investigación de los crímenes franquistas resulta incompatible con políticas de regeneración democrática, siendo éstas últimas absolutamente necesarias para expulsar de nuestras instituciones las múltiples lacras heredadas de la dictadura y que aún perviven, no habiendo sido revertidas con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

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