Derogar la Ley de memoria democrática aragonesa basándose en que no reconoce a las víctimas del bando franquista en la Guerra de España de 1936-1939 ni tampoco a las causadas por el terrorismo constituye una gran mentira, una falacia sobre la que edificar un discurso político que obedece a una ideología arraigada en la victoria de 1939, hecho fundacional del franquismo, y sostenida durante la larga noche de la Dictadura. Asimismo, apela a un oportunismo ahistórico y tergiversador.

Cuando el partido neofascista Vox y su adherente el PP, aseguran que las víctimas de ETA –nunca señalan a las del GAL– merecen reconocimiento y homenaje, están manoseando su recuerdo y el sufrimiento de sus familiares para obtener réditos electorales. Ninguna víctima de la violencia en la historia de España ha sido tan reconocida, considerada y respetada como las que murieron a manos de ETA. Y no solamente eso, decenas de asociaciones, entidades sociales de variada índole, instituciones públicas y la casi totalidad del arco parlamentario, han contribuido a ello durante decenios, además, recabando un generosísimo auxilio económico del Estado para el cumplimiento de sus fines de carácter reivindicativo y exposición pública.

La violencia terrorista tiene una consideración legal y conceptual bien distinta a la que contextualiza la memoria democrática. Solo desde inconfesables intereses abolicionistas y espurias razones se pueden superponer ambas para, escudándose en la primera, enterrar a la segunda. Derogar la Ley de memoria significa para la ultraderecha y su correlato rehén, el PP, hacer tabla rasa en sentido estricto, de las exigencias de reconocimiento y reparación de las víctimas del golpe de Estado de julio de 1936, tal como ha puesto repetidamente de manifiesto, entre otras autoridades e intelectuales de reconocida trayectoria ética, el Relator Especial de las Naciones Unidas. Ventilar al tiempo un tramposo, por inexistente, «Plan de concordia» que no se somete a la consideración pública y por tanto a la formulación democrática y participativa de la sociedad, retrata a los tahúres fulleros que proponen semejante entelequia. Primero acabamos con la Ley, luego si eso, ya veremos, es la fórmula de la gran y recalcitrante estafa.

Memoria democrática es la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de la violencia desatada desde julio de 1936 hasta, al menos, la aprobación de la Constitución de 1978, incluso cabe incorporar a los centenares de víctimas habidas durante la inmodélica Transición. Memoria es dignificar a decenas de miles de damnificados producto de la represión extrajudicial, los incalificables consejos de guerra, la represión económica a través de las leyes de responsabilidades políticas, las cárceles como morideros, el exilio, la depuración, los campos de trabajo, el robo de niños, las humillaciones cotidianas, la indecente participación de la Iglesia en la persecución y señalamiento de los desafectos, el aparato del Estado al servicio del dictador, los Tribunales de Orden Público… Memoria democrática es actualizar el mapa de fosas para rescatar los restos de miles de ciudadanos asesinados y enterrados en las cunetas de media España, también, si todavía queda alguno por recuperar, del lado de los sublevados. Memoria también son planes de enseñanza donde se conozcan en pie de igualdad crítica y académica los períodos de la historia de un país vapuleado por una guerra y una dictadura que persiguió con saña iracunda los Derechos Humanos y las libertades. Memoria, igualmente, es señalar a los que participaron, enriqueciéndose en muchos casos, y a los herederos, que ahora miran para otro lado mientras votan por la amnesia colectiva y un «pasar página» que aboque a la ciudadanía a una ignorancia interesada que abona la mentira y la ocultación para obtener réditos políticos. La victoria del 1 de abril sembró de exaltación una grande y libre, así como de enardecimiento sin límites, la patria de los vencedores; memoria democrática es rescatar del lodazal franquista los nombres de los que perdieron.

En Aragón han sido artífices de la derogación de la Ley de memoria el PP y Vox, con el auxilio de ese forúnculo del espectro político que es el PAR. Firmaron la sentencia de muerte la exalcaldesa de Huesca Ana Alós junto con el historiador revisionista Alejandro Nolasco. Ambos, no obstante, venían con su mochila de responsabilidades. Alós, como máxima regidora, participó activamente en la materialización del parque de Las Mártires, que recuerda a la mayoría de las víctimas de la represión en su ciudad. Nolasco, por su parte, aprovechándose ladinamente de contactos e información proporcionada por asociaciones vinculadas con los antiguos brigadistas internacionales, con el fin de blanquear sus intenciones inconfesables, terminó publicando un libro de homenaje a la División Azul, cómplice activa y efectiva del nazismo. El pacto era de gobierno, pero también de defenestración antidemocrática.

El último pleno municipal del Ayuntamiento de Huesca ratificó la sintonía de ambas formaciones políticas ultraderechistas en materia memorialista. El PSOE, con todo, en un inesperado giro político, dada su tradición Luisfelipista en este ámbito, presentó una moción contraria a la derogación y a favor de celebrar el 3 de marzo como día de la memoria, tal como señalaba la ya preterida Ley, pero también le recordaron su pasado. Incluso su pasado inmediato votando en el actual mandato junto con el tándem PP-Vox a favor de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA que ordenaba la eliminación del callejero de los nombres de alcaldes que lo fueron por su vocación y militancia franquista, algunos excombatientes, otros también falangistas, todos colaboracionistas del régimen. A los socialistas les sacaron los colores recordándoles cómo se han opuesto con uñas y dientes al cumplimiento de la Ley de memoria. Así, produce vergüenza y desamparo este inane gesto del único grupo municipal que podría levantar la voz en un Ayuntamiento donde se impone el olvido y se obliga al silencio. Pero el PSOE local, que no conoce de autocrítica, es víctima de sí mismo y de sus enormes errores y renuncias.

La memoria, que es índice de calidad democrática y cierra heridas, no se puede abolir, por mucho empeño que pongan Nolasco y Alós. No prescribe a pesar de los alardes de ignorancia histórica de que hacen gala representantes políticos ultras al denostarla. El gran poeta y cantor León Gieco lo dejó escrito en dos versos: «Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia».
Víctor Pardo Lancina