ATADO Y BIEN ATADO

Mercedes SanchezNoticias, Publicaciones y ArtículosLeave a Comment

No deberían sorprendernos las decisiones de la Judicatura Española.

Si han hecho de una ley pre-constitucional de “punto final”, inaceptable ante la Justicia Universal y la legalidad internacional, un referente para dejar sin su derecho a la Justicia a miles de españoles represaliados por el franquismo ¿cómo puede extrañarnos esta toma de posición del Supremo?

Si el dictador nunca ha sido deslegitimado en sede parlamentaria, nunca se ha producido una revisión de los juicios del Régimen, que carecían de las más mínimas garantías legales ¿cómo nos puede parecer raro?

Si decenas de miles de españoles asesinados y hechos desaparecer por los seguidores del “Movimiento Nacional” siguen en las cunetas, ante la total indiferencia de la judicatura de nuestro país, siendo delitos nunca resueltos ¿por qué iban a tomar sus resoluciones ahora un rumbo distinto?

Si en virtud tanto de la Justicia Universal como del Principio de Reciprocidad la magistratura argentina nos pide colaboración en las investigaciones sobre los crímenes del totalitarismo español y lo impiden tanto el Gobierno como los tribunales mientras la Policía se toma copas en bares que exaltan el franquismo (no prohibido aquí, como si lo está la cruz gamada en Europa) con antiguos torturadores condecorados ¿Qué esperamos de ellos?

Es cierto, sería lógico pensar que el Parlamento hace ya mucho tiempo que debería haber condenado el franquismo, con todas sus consecuencias.

Naturalmente que debería haberse reformado esa “ley de obediencia debida” que avergonzaría a cualquier democracia tener aún vigente y que deberíamos haber seguido la senda marcada por otros muchos países que sufrieron también regímenes dictatoriales.

Por supuesto que el Estado tendría que haber propiciado la creación de una Comisión de la Verdad, a la imagen de otros países, para investigar a fondo los crímenes cometidos durante la guerra y hasta el final del franquismo.

No se hizo nada de esto. Nuestro país no rompió con su pasado, las estructuras de poder se han mantenido en las instituciones hasta nuestros días.

Es imposible así sentar las bases de una democracia completa ni asegurar una garantía de no repetición con lo que eso supone de incertidumbre para el futuro.

Así no vamos bien, los legisladores deben enfrentarse a ese pasado y hacer políticas que no propicien que esas élites, que nunca se han ido de los centros de decisión, puedan seguir retorciendo y tergiversando la Historia como si estuviéramos aún en pleno franquismo.

Azaña era el Presidente en las fechas en que el Supremo afirma que ya era jefe del estado el general Francisco Franco.

La República siguió en el exilio siendo legítima y nunca debería haber sido sustituida por una Monarquía continuista, pero, en todo caso hoy deberíamos estar, tras tantos años de democracia no discutiendo cuestiones tan evidentes y tan vejatorias para las víctimas del dictador y su régimen.

Enrique Gómez

Presidente de ARMHA

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